Terminado en 2024 el primer año de recaudación del royalty minero propiamente tal (antes impuesto específico a la minería, que también era royalty en sus fundamentos), la recaudación ha sido superior en más de US$200 millones a las estimaciones del Gobierno en el proyecto de ley que fue ingresado al Parlamento.
La cifra final ascendió a más de US$1.800 millones al margen operacional minero, más casi US$350 millones por concepto de royalty ad-valorem. Este gravamen lo pagan principalmente tres faenas mineras, que son Escondida, Collahuasi y Pelambres, de entre 34 mineras que aportan a esta recaudación.
De estos aproximadamente US$2.150 millones (nada menos que el 3,4% de la recaudación tributaria total del Fisco, sin considerar los recursos del impuesto a la renta pagado por las mineras), US$ 450 millones van en asignación directa a las regiones y comunas del país, cuya mitad se entrega a los gobiernos regionales para el Fondo para la Productividad y el Desarrollo; y la otra mitad se entrega al 90% de los municipios del país para el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo para Comunas Mineras.
Este último destino reconoce que, según el mensaje de la ley, son estas comunas las que están más afectadas por el deterioro del patrimonio natural que implica la extracción de recursos naturales (a pesar de que pertenecen constitucionalmente a la nación toda) así como por otras externalidades.
Lo que no menciona el mensaje que antecede a la ley, es que estas comunas mineras reciben un enorme beneficio producto del desarrollo minero en empleo, encadenamiento productivo directo (proveedores) e indirecto (comercio y otras actividades comunales) lo que, más aún con el aporte del royalty, es útil para una mejor legitimidad de la actividad minera donde esta se desarrolla.
Ahora bien, el beneficio del nuevo royalty para las regiones y comunas depende no solo de lo que reciben en montos, sino de la eficacia en la ejecución presupuestaria de estos fondos, lo que se mide por reportes que deben entregarle las regiones y los municipios mediante un informe anual a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo sobre el uso del aporte recibido por cada fondo, en marzo del año siguiente a su ejecución, organismo que a su vez debe informar del uso de tales recursos al Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República.
Estos reportes ya han sido recibidos por primera vez por la Subdere, pero aún no permiten conocer su impacto en las regiones ni en las comunas. En todo caso, este mecanismo de fiscalización, si bien nos parece positivo, estimo conveniente que se constituya una especie de comisión consultiva y evaluadora en cada región y comuna, integrada por las entidades públicas ejecutoras y representantes del sector privado, principalmente de las mineras, que asesore y recomiende a la autoridad el mejor uso de los recursos, y posteriormente evalúe, comisión que a la vez daría mayor legitimidad y eficacia a esos destinos.
Sergio Hernández Núñez, abogado, Socio de Voces Mineras