El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto planteado por el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que había anunciado una medida de fuerza de 48 horas en respuesta a 1.200 despidos y la reducción de tareas a otros 2.000 trabajadores.
La resolución entrará en vigencia desde las 9:00 horas del miércoles 30 de julio de 2025, por un período de 15 días hábiles, conforme a lo dispuesto en el marco normativo vigente en materia de relaciones laborales.
Objetivo: preservar el servicio y abrir el diálogo
Según el comunicado oficial, la medida busca “promover una solución pacífica y garantizar la continuidad del servicio”, reconociendo el carácter estratégico de la producción de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta para la economía nacional. Durante el período de conciliación, las partes deberán abstenerse de aplicar medidas de acción directa.
Esto implica que el sindicato no podrá convocar a paros ni movilizaciones, y las empresas deberán mantener las condiciones laborales existentes, sin avanzar en nuevas desvinculaciones mientras duren las negociaciones.
El conflicto surgió a raíz de una serie de despidos notificados por operadoras y contratistas, que el gremio liderado por Marcelo Rucci calificó como un retroceso inaceptable en la política de empleo sectorial. El anuncio de un paro de 48 horas fue la respuesta sindical a una pérdida de fuentes laborales y reducción de turnos, en un contexto de tensión sostenida con las empresas del sector.
Relevancia estratégica de Vaca Muerta
La decisión de intervenir por parte del Ejecutivo se enmarca en la prioridad que el Gobierno otorga a la continuidad operativa de Vaca Muerta, considerada una reserva crítica de gas y petróleo no convencional y un activo clave para el abastecimiento interno y la generación de divisas por exportaciones energéticas. La paralización del yacimiento hubiese implicado un fuerte impacto económico y político.
Durante el período de conciliación obligatoria, el Gobierno supervisará las negociaciones entre el sindicato y las empresas para garantizar el cumplimiento de los términos y facilitar un entendimiento que permita la resolución del conflicto sin afectar la producción ni los derechos laborales. La figura del diálogo institucional cobra centralidad en una coyuntura sensible para el sector energético.
Fuente: Reporte Minero