El abogado señala que la iniciativa legal, tal como está diseñada, introduce complejidad normativa, aumenta la incertidumbre jurídica y podría frenar proyectos estratégicos en sectores clave como minería, energía e infraestructura.
Mediante una columna publicada en El Líbero y firmada por el abogado Jorge Jaraquemada, el experto alertó que la propuesta, en su forma actual, podría generar un escenario de mayor inseguridad jurídica, burocracia excesiva y trabas para el desarrollo de proyectos estratégicos.
El profesional sostuvo que, si bien se valora la necesidad de una legislación moderna y eficaz para proteger el patrimonio cultural del país, la iniciativa no cumple con los objetivos declarados por el Ejecutivo en materia de eficiencia regulatoria y promoción de la inversión.
“El gobierno ha manifestado reiteradamente su intención de simplificar los procesos administrativos para facilitar el desarrollo económico. No obstante, este proyecto avanza en sentido contrario al incorporar un entramado normativo que introduce nuevas categorías y conceptos sin una delimitación técnica clara, como “paisajes culturales” o “sitios de significación cultural’”, afirmó Jaraquemada.
Según su análisis, estas figuras podrían incidir directamente en el uso del suelo, generando incertidumbre en las etapas iniciales de proyectos productivos, especialmente en sectores como infraestructura, minería y energía. A ello se suma la ausencia de una articulación explícita con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que podría derivar en una duplicidad de competencias y sanciones, aumentando tiempos de tramitación y costos de cumplimiento.
Sin contrapesos adecuados
Otro aspecto que genera inquietud es el nivel de discrecionalidad que otorga la norma a distintas autoridades, así como los nuevos protocolos de participación indígena y la posibilidad de paralizar obras por solicitudes de terceros sin necesidad de acreditar interés legítimo.
A juicio del experto, este tipo de mecanismos, sin contrapesos adecuados ni control judicial previo, podrían prestarse para un uso instrumental que afecte la certeza jurídica y fomente presiones indebidas.
“Lejos de fortalecer la institucionalidad, la regulación propuesta puede convertirse en una trinchera burocrática que entorpezca el desarrollo de iniciativas clave para el país. Resulta indispensable revisar este proyecto para asegurar criterios técnicos claros, una coordinación efectiva con la normativa ambiental y mecanismos que prevengan abusos o paralizaciones arbitrarias”, enfatizó Jaraquemada.
El experto legal reiteró que no se opone a una legislación patrimonial sólida y moderna, pero recalcó que se requiere un equilibrio entre la protección cultural y el desarrollo económico. En un contexto de bajo crecimiento y alta competencia internacional por atraer inversiones, Jaraquemada advierte que esta normativa podría actuar como un desincentivo que comprometa la recuperación económica del país.