La tramitación ambiental de iniciativas estratégicas acumula años de revisión, en parte debido a los procesos de consulta a pueblos indígenas. Actores del sector destacan la necesidad de mejorar los mecanismos de diálogo para reducir plazos.
Diversos proyectos de alto impacto económico enfrentan retrasos significativos en su evaluación dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Según informó Ex-Ante- basándose en cifras del Ministerio de Medio Ambiente- en total, más de US$ 12.000 millones en inversión se encuentran actualmente en etapas prolongadas de tramitación, principalmente debido a la aplicación de procesos de consulta contemplados por la normativa ambiental vigente.
Uno de los casos más emblemáticos es el Puerto Exterior de San Antonio, que permanece en etapa de consulta desde febrero de 2021. Con una inversión estimada en más de US$ 3.500 millones, esta iniciativa portuaria -ubicada en la Región de Valparaíso- contempla la construcción de dos terminales con capacidad para movilizar hasta 6 millones de TEU al año. Se proyecta adjudicar obras en 2026 y comenzar operaciones en 2036.
El proceso de consulta a pueblos indígenas, establecido en el Reglamento del SEIA, debe activarse cuando un proyecto afecta directamente a comunidades indígenas. Según el Ministerio del Medio Ambiente, esta instancia tiene un plazo formal de hasta 125 días hábiles. Sin embargo- según se informó en el artículo- en la práctica, los tiempos pueden extenderse considerablemente, superando los mil días en algunos casos, lo que genera incertidumbre entre los inversionistas y desarrolladores.
Junto al proyecto portuario, también destacan otras iniciativas de gran envergadura que atraviesan esta etapa. Entre ellas se encuentra la Línea de Transmisión HVDC Kimal – Lo Aguirre, con una inversión superior a los US$ 1.400 millones, y el proyecto Desarrollo Futuro DMH de Codelco, en la División Ministro Hales, que contempla recursos por US$ 2.500 millones para la explotación de una mina a rajo abierto y producción de concentrados.
Fuentes del sector señalan que, si bien los procesos participativos son relevantes para el desarrollo sostenible, existen oportunidades para fortalecer la coordinación entre comunidades, autoridades y empresas, con el fin de otorgar mayor certeza y eficiencia a la evaluación ambiental. El desafío, coinciden diversos actores, radica en compatibilizar los estándares de participación ciudadana y derechos de los pueblos indígenas con la previsibilidad regulatoria que requieren las inversiones estratégicas para avanzar en su desarrollo.