El Servicio de Evaluación Ambiental ha emitido 120 guías vigentes desde 2014, cuya multiplicación, especialmente en los últimos años, ha generado demoras históricas en la aprobación de diversas obras e iniciativas, y aumentado la incertidumbre para inversionistas y empresas.
En una nota publicada en El Mercurio, se señaló que desde 2014 el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ha emitido 120 guías y criterios técnicos vigentes que regulan la evaluación ambiental en el país. Esta creciente producción se ha intensificado en los últimos años y ha generado complejidad e incertidumbre en la tramitación de inversiones.
Las directrices abarcan diversos temas, desde campañas de fauna terrestre hasta la evaluación de impactos en sistemas de vida humana o el denominado “enfoque de género”. Proyectos como la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre debieron ajustarse a la guía sobre “Cambio Climático en la Evaluación Ambiental del Recurso Hídrico” (2023), mientras que el Instituto Nacional del Cáncer aplicó el instructivo con enfoque de género (2017). Durante la administración del Presidente Gabriel Boric, el SEA ha publicado 55 guías desde marzo de 2022, según un estudio de Echeverría-Ilharreborde-Scagliotti. La más reciente aborda el patrimonio cultural paleontológico.
Desde el SEA, encabezado por Valentina Durán, sostienen que estas guías responden a un mandato legal para unificar criterios y reducir la discrecionalidad en decisiones ambientales. “Estos documentos aseguran evaluaciones técnicas más consistentes y tienen alta deferencia en tribunales ambientales”, afirma.
No obstante, expertos alertan que la multiplicación de instructivos no ha simplificado ni agilizado los procesos. José Pedro Scagliotti, socio de Echeverría-Ilharreborde-Scagliotti, señala que “la evaluación ambiental ya es compleja, y adaptarse a nuevas guías demanda mayores esfuerzos”. Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas de Sofofa, añade que las empresas enfrentan exigencias que aumentan “la incertidumbre, los tiempos y los costos de tramitación, contraviniendo el objetivo inicial de elevar estándares”.
Un ejemplo controvertido es la guía para la “predicción y evaluación de impactos sobre sistemas de vida y costumbres de grupos humanos”, que incorpora un enfoque de género, pero carece de metodología clara. Según Rodrigo Andreucci, socio de Andreucci y Torrejón, “esto genera interpretaciones dispares entre funcionarios y titulares de proyectos”.
Discrecionalidad en la mira
En cuanto a los tiempos, datos de Horizontal indicaron que entre enero y agosto de 2025 la aprobación promedio de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) alcanzó 395 días, un 59% más que en 2014. Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) tardan en promedio 1.068 días, casi el doble que hace una década.
Santiago Montiel, investigador de Horizontal, advierte que las guías, concebidas para estandarizar criterios, “se han transformado en un espacio de discrecionalidad dependiente del evaluador de turno”, y agrega que “es imprescindible avanzar hacia un sistema basado en criterios técnicos objetivos”.
Un estudio publicado en mayo por El Mercurio y Horizontal concluye que, si bien la transparencia es necesaria, no basta sin procesos ágiles y uniformes que reduzcan fragmentación y discrecionalidad.
Aunque las guías fueron diseñadas como orientativas, la actualización del instructivo SEA 2024 estableció que su publicación en el Diario Oficial les confiere carácter obligatorio. “Apartarse de estos criterios puede generar observaciones y retrasos”, advierte Juan Ignacio Marín, director de Regulatorio y Medioambiente de HD Group. Algunos instructivos incluso alertan que la omisión de requisitos, como campañas de terreno específicas, puede provocar la suspensión anticipada del proceso por falta de información esencial. Además, estas guías no están sometidas a control preventivo de la Contraloría General de la República, lo que aumenta la incertidumbre sobre su aplicación, concluye Scagliotti.