El abogado sostuvo que la nueva ley sobre permisos sectoriales representa un avance hacia un Estado que habilita la iniciativa privada, en coherencia con el principio constitucional de subsidiariedad.
Mediante una columna de opinión publicada en Estado Diario, Cristóbal Aguilera Medina, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Finis Terrae y asociado senior del estudio Mackenna Cruzat, valoró la reciente ley sobre permisos sectoriales -conocida como “ley de permisología”-, señalando que representa un avance en la adecuación del rol del Estado a los principios constitucionales, particularmente al de subsidiariedad.
Aguilera sostuvo que, correctamente entendido, este principio “exige que el Estado asista -y no sustituya ni entorpezca- la iniciativa social”, reforzando su rol como facilitador de la actividad económica en proyectos de inversión. En ese sentido, explicó que el espíritu de la nueva legislación se alinea con la función estatal de promover, más que obstaculizar, la ejecución de proyectos y actividades productivas.
La norma, recientemente validada por el Tribunal Constitucional (Boletín N°16.633-25), establece lineamientos que, según el académico, abandonan la visión tradicional de las autorizaciones como simples barreras burocráticas. Por el contrario, incorpora principios como estandarización, previsibilidad, facilitación, simplificación y proporcionalidad. “Estos principios condensan de manera ejemplar lo que aquí se quiere subrayar: ofrecer facilidades para la tramitación de solicitudes, impulsar la eficiencia en la interacción entre particulares y la Administración, y propender al justo equilibrio entre el interés general y el interés particular de los titulares de proyectos”, señaló Aguilera.
Una de las principales novedades que destacó el especialista es la incorporación de las Técnicas Habilitantes Alternativas, que permitirán llevar adelante proyectos sin necesidad de contar previamente con un acto administrativo formal, trasladando mayor responsabilidad a los privados. En su opinión, este mecanismo “agiliza los procesos, entrega mayor certeza jurídica y refuerza la lógica del cumplimiento normativo o compliance, sin que ello signifique renunciar al deber fiscalizador del Estado”
Reconducir la acción estatal
El académico también se refirió a las críticas planteadas por dos ministras del Tribunal Constitucional en un voto particular, quienes expresaron que la nueva legislación podría debilitar la primacía del bien común al incorporar el concepto de equilibrio con los intereses particulares.
Al respecto, Aguilera aclaró que la norma “no desconoce ese principio, sino que lo vuelve más operativo”, y agregó que “reconocer los intereses legítimos de los titulares de proyectos no significa privilegiarlos frente al interés general, sino evitar que su invocación se traduzca en una restricción innecesaria a la actividad social y económica”. Aunque advirtió que aún es temprano para proyectar resultados concretos, el abogado enfatizó que la implementación de esta normativa representa un esfuerzo importante en términos de coordinación, interoperabilidad y capacidades técnicas.
Pese a estos desafíos, sostuvo que el enfoque de la ley “reconduce la acción estatal hacia su función adecuada, es decir, no capturar la prestación directa de servicios ni asfixiar la iniciativa social y económica con regulaciones minuciosas, engorrosas y centralizadas, sino habilitarla”.
Finalmente, el experto legal de la U. Finis Terrae subrayó que esta nueva legislación es coherente con el mandato constitucional que orienta al Estado a estar al servicio de la persona humana y sus derechos fundamentales. “Tal es, en última instancia, el núcleo de la subsidiariedad: un Estado que asiste, no que ahoga; que coordina, no que sustituye”, precisó Aguilera.