Aunque Codelco Salvador destinó solo 5,8 millones de pesos a un proyecto de textilería sustentable en 2024, a un grupo de mujeres de Chañaral le mejoró su calidad de vida y autoestima. Así de trascendente, ya que las dotó de la capacidad para emprender a través de la creación de sus propios diseños con ropa reciclada, junto con la realización de una feria en la principal plaza comunal.
Esa ha sido una de las tantas iniciativas implementadas por las compañías mineras que operan en Chile en beneficio de las comunidades que se insertan en sus áreas de influencia. Esto, a modo de compensación por los potenciales impactos de sus proyectos o por propia iniciativa. En el lenguaje actual, lo anterior hace referencia a la creación de valor compartido, que engloba las políticas y las prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa y que, al mismo tiempo, ayudan a mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales de su entorno.
Sobre el estado actual de este vínculo en la minería nacional, Francisca Sepúlveda, analista de Sustentabilidad de Sonami, plantea que “hoy las empresas han adoptado enfoques más proactivos para comunicar sus proyectos, impactos y beneficios. En esa línea, publican sus informes de sostenibilidad, realizan reuniones informativas abiertas y han establecido canales de diálogo permanentes. Y han comenzado a involucrar a las comunidades desde las etapas iniciales de los proyectos (exploración y planificación), más allá de lo estrictamente exigido por la ley. Esto permite identificar preocupaciones, incorporar perspectivas locales y co-diseñar soluciones”.
Gabriela Hip, especialista en Medio Humano de la consultora Minería y Medio Ambiente (MyMA), también hace una buena evaluación: “se ha avanzado en comparación con los años 90, cuando comenzaron a desarrollarse proyectos comunitarios asociados a la gran minería en Chile. Antes, la gran mayoría de las empresas, no solo las mineras, o no se relacionaban con el entorno o lo hacían de manera más bien reactiva, informal quizás. Hoy, existen avances en el acceso a la información, hay garantías de espacios de participación por parte del Estado y se ha ido modelando una nueva forma de diálogo, que debe ser continuo, permanente y con equidad”.
Destaca, asimismo, que las compañías, especialmente las de mayor tamaño, “no solo tienen equipos de relaciones públicas, sino también dedicados al relacionamiento comunitario, facilitando el vínculo con las vecinas y vecinos del territorio. En algunos casos, estos equipos además poseen pertenencia indígena”.
El diagnóstico de Roberto Cervela, gerente general de Gedes, agencia de planificación y desarrollo territorial sostenible, va más allá y afirma que “en los últimos años, el relacionamiento entre las empresas mineras y las comunidades ha evolucionado hacia una lógica de valor compartido. Hemos visto una mayor apertura al diálogo temprano, participación comunitaria en la planificación de proyectos e iniciativas de inversión social más alineadas con las prioridades territoriales. También se han fortalecido los mecanismos de transparencia, lo que ha contribuido a generar mayor confianza y legitimidad en los territorios”.
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Fuente: Mch