La Senado de Chile, a través de su comisión respectiva, conoció el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de soterrar los cables de redes eléctricas y de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, iniciativa que se encuentra en su primer trámite constitucional bajo el Boletín N° 17.153-08.
La moción parlamentaria fue presentada por las senadoras Yasna Provoste y Loreto Carvajal, junto a los senadores Juan Luis Castro, Alfonso De Urresti y Matías Walker. El objetivo central de la propuesta es mejorar la seguridad pública, el entorno visual urbano y rural, además de reforzar la sostenibilidad y la protección ambiental.
Robo de cables y resiliencia ante catástrofes
Durante la sesión, la senadora Yasna Provoste explicó que la iniciativa busca enfrentar problemáticas recurrentes como el robo de cables, especialmente en zonas aisladas del país. “Es complicado para las compañías volver a instalarlos y eso hace que los clientes pasen mucho tiempo sin suministro. También es importante eliminarlos dado las dificultades que generan con ocasión de catástrofes naturales como lluvias, incendios y sismos”.
En esa línea, la parlamentaria recalcó que la presencia de cableado aéreo representa una vulnerabilidad tanto para la continuidad del servicio como para la seguridad de las comunidades, particularmente en contextos de emergencia.
Costos y traspaso a los usuarios
Desde el Ejecutivo, el ministro de Economía, Energía y Minería, Álvaro García, abordó los desafíos económicos que implica la iniciativa. “Es un tema que se ha hablado, pero no priorizado. Lo principal es hablar con las empresas porque ellas asumirán el costo que luego se termina traspasando a los clientes”, advirtió.
La propuesta establece que las concesionarias y empresas prestadoras de servicios deberán soterrar el 100% de los cables en áreas urbanas de alta densidad poblacional en un plazo máximo de cuatro años. En tanto, para las zonas rurales, el plazo se extiende hasta un máximo de diez años.
Debate por plazos y factibilidad técnica
El presidente de la comisión, el senador Rafael Prohens, planteó la necesidad de revisar los plazos establecidos en el proyecto, considerando la magnitud de la inversión requerida. “Se trata de una inversión cuantiosa, que para que las empresas la recuperen llevará años, además que en sí no es fácil soterrar”.
El debate legislativo continuará en las próximas sesiones, donde se espera profundizar en la viabilidad técnica, el impacto económico y los eventuales mecanismos de financiamiento de una iniciativa que podría transformar de manera estructural la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones del país.
Fuente: Reporte Minero