Analizar el impacto que tendrá la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en la pequeña y mediana minería fue el objetivo de la última sesión de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
El análisis se da en un contexto clave para el sector, considerando que la Ley 21.600, que crea el SBAP, entrará en plena vigencia en febrero próximo, marcando un nuevo marco regulatorio en materia de conservación y gestión de la biodiversidad.
Inquietudes del sector minero
Durante la sesión participaron representantes de la pequeña y mediana minería, quienes plantearon sus inquietudes respecto de los alcances de la nueva normativa. Entre ellos estuvieron Patricio Céspedes, presidente de la Asociación Gremial Minera Antofagasta, junto a Patricio Gatica y Juan Carlos Urquidi, del Consejo de la Pequeña y Mediana Minería A.G..
En su exposición, Urquidi advirtió que la ley podría tener “alcances desconocidos y alarmantes”, señalando que tanto la norma como sus reglamentos facultan al Ministerio del Medio Ambiente y al futuro SBAP para “prácticamente congelar e inmovilizar una superficie muy significativa del territorio nacional en base a criterios políticos”.
Según explicó, a las áreas protegidas actuales se sumarían nuevos territorios definidos como prioritarios, áreas degradadas o de restauración ecológica, lo que podría derivar en la intervención de propiedad privada e incluso en la afectación de derechos previamente adquiridos, sin contar necesariamente con respaldo técnico o científico suficiente.
Consecuencias para la actividad minera
El asesor legal del Consejo de la Pequeña y Mediana Minería sostuvo que este escenario implicaría mayores costos de operación y transacción para la actividad minera, especialmente para los segmentos de menor escala. Asimismo, advirtió que los impactos no se limitarían al sector minero, sino que también podrían afectar a otras actividades productivas como la industria, la construcción, el sector sanitario, eléctrico, agrícola, forestal y pesquero.
Urquidi agregó que la ley permitiría modificar Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) vigentes, imponiendo nuevos requisitos ambientales, compensaciones adicionales y planes de manejo de recursos naturales como condición para la continuidad de proyectos o el otorgamiento de permisos sectoriales.
Falta de respuesta del Ejecutivo
A la sesión estaba invitada la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien excusó su participación. Frente a esta ausencia, los diputados señalaron la necesidad de contar con una respuesta clara por parte del Ejecutivo, que permita determinar si las alertas planteadas corresponden a falencias de la ley o a los reglamentos que esta mandata.
No obstante, los parlamentarios también recordaron que durante la tramitación legislativa de la Ley SBAP se escuchó a múltiples organizaciones y que ninguna planteó advertencias similares a las expuestas en esta sesión. Cabe destacar que el Consejo de la Pequeña y Mediana Minería A.G. fue creado recién en octubre de 2025, precisamente como respuesta a las consecuencias que, según el sector, podría generar la nueva normativa.
Avance de proyecto sobre plásticos de un solo uso
En la misma sesión, la Comisión de Medio Ambiente despachó a la Sala el segundo informe del proyecto que prohíbe temporalmente la importación de plásticos de un solo uso (boletín 16487). La iniciativa, que modifica la Ley 20.920, busca reducir el ingreso de insumos altamente contaminantes y avanzar en la disminución de residuos de corta vida útil.
La comisión rechazó una indicación que proponía reducir de cuatro a dos años el plazo para prohibir la importación de estos productos, por lo que el proyecto volverá a la Sala en los mismos términos ya aprobados.
Fuente: Reporte Minero