Un reportaje de Fundación Terram reveló que, entre 2004 y 2023, grandes empresas mineras habrían accedido a subsidios estatales a la mano de obra pese a que la Ley N°19.853 establece exclusiones explícitas para ciertos beneficiarios. De acuerdo con la investigación, cuatro compañías concentraron en conjunto más de $4.800 millones en bonificaciones, aun cuando superarían el umbral de trabajadores que la norma fija para acceder al beneficio.
Qué es el subsidio y qué exige la normativa
La Ley N°19.853 se relaciona con la bonificación por contratación de mano de obra en zonas extremas, un instrumento de fomento que —según la descripción del beneficio— equivale al 17% de las remuneraciones imponibles de trabajadoras y trabajadores con domicilio y trabajo permanente en territorios definidos como zonas extremas.
El reportaje sostiene que el artículo 1 de la ley excluye expresamente a compañías mineras que superan el límite de dotación (directa e indirecta), por lo que la entrega de recursos a empresas que exceden ese umbral sería incompatible con el texto legal.
Las mineras identificadas: Quiborax, ACF Nitratos, Cosayach e Imerys
Según la investigación, las principales receptoras en el sector minero fueron:
- Quiborax: $3.575 millones entre 2004 y 2023.
- ACF Nitratos: $441 millones.
- Cosayach: $397 millones.
- Imerys Minerales Chile: $395 millones.
En el caso de Quiborax, el reportaje indica que la Tesorería General de la República (TGR) habría justificado el acceso al beneficio argumentando su operación en “zonas extremas con impacto socioeconómico crítico”, pese a que la exclusión estaría fijada por ley.
Para otros casos, Terram cuestiona criterios administrativos usados para permitir el beneficio (como distinciones por tipo de mineral o el tratamiento de dotación indirecta/subcontratación), señalando falta de consistencia con lo que establece la norma.
Falta de fiscalización y dudas sobre el sustento jurídico
El reportaje plantea un patrón de débil control institucional y criterios discrecionales en la aplicación del beneficio, agregando que, ante consultas, no se habría entregado documentación que respalde jurídicamente las excepciones señaladas.
Más allá del detalle por empresa, el caso reabre el debate sobre trazabilidad y fiscalización de subsidios focalizados: cómo se verifican los requisitos (incluida la dotación directa e indirecta) y qué mecanismos existen para impedir que instrumentos creados para economías de zonas extremas terminen beneficiando a compañías que la ley excluye.
Fuente: Reporte Minero