El Juzgado de Garantía de La Serena condenó a Patricio Bolvarán, ex trabajador a honorarios de la Seremi de Minería de la Región de Coquimbo, por el delito reiterado de fraude al fisco tras acreditarse la apropiación de $72.200.000 en recursos públicos destinados a un sindicato de pirquineros para mejorar una planta gravimétrica de oro en la comuna de Canela.
La sentencia se dictó en procedimiento abreviado, luego de una investigación dirigida por la Fiscalía local, vinculada al uso irregular de fondos entregados a comienzos de 2020 para fortalecer iniciativas de pequeña minería.
Cómo operó el fraude: vales vista y suplantación de representación
Los hechos se remontan al 6 de enero de 2020, fecha en que la Seremi de Minería transfirió $103.500.000 al Sindicato de Trabajadores Independientes Pirquineros Nueva Esperanza, para financiar el mejoramiento de una planta minera gravimétrica de oro, en el marco de un proyecto desarrollado por una empresa privada.
Según la acusación, el condenado se hizo pasar por representante de la autoridad minera y afirmó ser ingeniero comercial, utilizando su acceso a información institucional y su conocimiento de procedimientos internos. Con ello, habría inducido a directivos del sindicato a emitir vales vista endosables en BancoEstado entre el 20 de enero y el 5 de junio de 2020, con cargo a los fondos públicos previamente transferidos.
De acuerdo con la investigación, Bolvarán cobró personalmente cuatro de seis vales vista, sin autorización superior, apropiándose de $72.200.000, lo que generó un perjuicio directo al patrimonio fiscal por ese monto.
Pruebas reunidas por la Fiscalía y rol de la PDI
Durante la audiencia, el fiscal de La Serena, Marcial Pérez, expuso que se reunieron antecedentes como declaraciones de funcionarios de la Seremi, documentación de la Subsecretaría de Minería, información bancaria detallada, además de un informe de la PDI con múltiples testigos y los vales vista emitidos en distintas fechas del año 2020.
Pena: presidio, inhabilitación y multa
El tribunal impuso una pena de tres años de presidio, junto con cinco años de inhabilitación para ejercer cargos u oficios públicos y una multa de $14.400.000. La condena se cumplirá bajo el beneficio de remisión condicional, considerando la irreprochable conducta anterior del imputado y su colaboración durante la investigación.
Fuente: Reporte Minero