La minería peruana mostró señales de recuperación hacia fines de 2025, con incrementos en la producción de zinc, plomo, hierro y plata. Sin embargo, el vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, advirtió que el crecimiento productivo no será sostenible si no se refuerzan la institucionalidad, la formalidad y la lucha contra la minería ilegal y la corrupción.
Producción minera peruana: señales de recuperación en 2025
De acuerdo con cifras oficiales, en noviembre de 2025 la producción nacional de zinc creció 13,7%; la de plomo, 10,8%; la de mineral de hierro, 5,6%; y la de plata, 0,03% respecto del mismo mes del año anterior . Para el directivo del IIMP, estos resultados reflejan resiliencia operativa y competitividad en un contexto internacional complejo, reafirmando el rol del sector como motor económico del país.
Ortiz destacó que la minería continúa siendo uno de los principales generadores de empleo e inversión en Perú, además de aportar recursos fiscales relevantes para financiar infraestructura y servicios públicos en distintas regiones.
No obstante, el vicepresidente del IIMP enfatizó que la recuperación productiva requiere algo más que buenos indicadores. Señaló que sin reglas claras, fortalecimiento institucional y combate efectivo a la informalidad, el crecimiento no podrá consolidarse en el tiempo.
Modelo Pataz y control de minería ilegal
Ortiz consideró relevante la decisión del Ejecutivo peruano de replicar el denominado “Modelo Pataz” en Cajamarca y otras zonas, con el objetivo de enfrentar de manera integral la minería ilegal y su vinculación con economías criminales . El enfoque busca articular intervención estatal, control territorial y formalización como herramientas para reducir la expansión de actividades extractivas ilegales.
Según antecedentes, investigaciones académicas estiman que la minería ilegal en distritos como Chugur, El Tingo, Sinchao, Hualgayoc y Bambamarca moviliza alrededor de S/ 6.000 millones anuales. La magnitud de estos flujos, operando al margen de estándares ambientales y laborales, genera impactos tanto fiscales como sociales, afectando a comunidades y debilitando la recaudación del Estado.
Corrupción y pérdida de recursos públicos
De acuerdo con estimaciones de la Contraloría General de la República citadas en el documento, entre 2021 y 2023 el Perú habría perdido aproximadamente S/ 72.000 millones por efectos de este fenómeno. Ortiz subrayó que la corrupción debilita la confianza, retrasa proyectos estratégicos y afecta la calidad del gasto público, condicionando el desarrollo de sectores clave como la minería.
Fuente Reporte Minero