El crecimiento de la inversión privada en Perú durante 2025 abre una señal positiva para la economía, pero su continuidad dependerá de que el país garantice reglas claras, estabilidad jurídica y una respuesta firme frente a la minería ilegal. Esa fue la advertencia de Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en su más reciente columna publicada en Semáforo Minero.
La alerta se produce luego de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informara que la inversión privada creció 10,0% en 2025, impulsada principalmente por la recuperación de la inversión no residencial, que avanzó 13% en el año, con un aporte relevante de los sectores mineros y no mineros. El BCRP también indicó que en el cuarto trimestre de 2025 la inversión privada mantuvo un ritmo alto, con una expansión de 10,1%.
Para Ortiz, este desempeño confirma que el Perú sigue siendo un destino atractivo para el capital, gracias a su potencial geológico, su estabilidad macroeconómica y la capacidad de la minería formal para desarrollar proyectos de gran escala bajo exigentes estándares técnicos y ambientales. Sin embargo, sostuvo que este escenario favorable no está asegurado en el tiempo.
“La predictibilidad normativa y una institucionalidad sólida son condiciones indispensables para que los proyectos se mantengan en el tiempo y sigan atrayendo capital”, remarcó Ortiz, al advertir que el nuevo ciclo de inversión minera requiere bases regulatorias consistentes para consolidarse.
El vicepresidente del IIMP subrayó además que la minería formal no solo moviliza capital y tecnología, sino que también genera empleo formal, activa cadenas de proveedores regionales y aporta de manera decisiva a la recaudación fiscal que financia infraestructura y servicios públicos. En esa línea, afirmó que fortalecer al sector formal tiene efectos directos sobre el desarrollo territorial y la competitividad del país.
No obstante, Ortiz advirtió que este contexto positivo contrasta con el avance de la minería ilegal, actividad que evade impuestos, opera fuera del marco normativo y deja pasivos ambientales y sociales que finalmente debe absorber el Estado. De acuerdo con información difundida por el IIMP en 2025, el Perú habría perdido alrededor de S/ 7.500 millones en impuestos no pagados entre 2023 y 2025 por efecto de los envíos ilícitos de minerales.
Frente a este panorama, planteó que las acciones de interdicción deben ser parte de una estrategia más amplia y sostenida, que combine control de insumos, inteligencia financiera y procesos de formalización con reglas claras y exigencias técnicas reales. A su juicio, combatir la ilegalidad no solo es una tarea de orden público, sino una condición clave para proteger la legitimidad del sector minero en su conjunto.
Ortiz resumió su posición con un mensaje directo: “El crecimiento económico y la sostenibilidad no son objetivos excluyentes. Pero sin estabilidad jurídica, coherencia regulatoria y una lucha firme contra la ilegalidad, el actual impulso de la inversión minera podría perder dinamismo”.
En un contexto global marcado por una mayor demanda de minerales críticos, el diagnóstico del IIMP apunta a un desafío central para el Perú: convertir el actual repunte en una etapa de crecimiento sostenido. Para ello, concluye Ortiz, no basta con contar con recursos geológicos competitivos; también se requiere un Estado capaz de garantizar el cumplimiento de la ley y ofrecer predictibilidad a largo plazo para las inversiones.
Fuente Reporte Minero