Sacyr Agua se adjudicó la concesión para desarrollar la primera planta desaladora para consumo humano en la Región de Coquimbo, un proyecto de US$318 millones que permitirá abastecer a más de 540 mil personas en un escenario de creciente estrés hídrico.
Proyecto busca resolver déficit estructural de agua en la región
La iniciativa apunta a un problema de largo plazo. La Región de Coquimbo enfrenta una de las crisis hídricas más prolongadas del país, lo que ha obligado a acelerar soluciones estructurales. En ese contexto, la desalación se posiciona como alternativa clave para asegurar abastecimiento continuo, especialmente en zonas urbanas con alta presión sobre recursos hídricos.
El diseño del proyecto es escalable. La planta tendrá una capacidad inicial de 800 litros por segundo, con posibilidad de ampliación hasta 1.200 l/s, lo que permite adaptarse al crecimiento de la demanda. Esto tiene impacto directo. El sistema abastecerá a las comunas de La Serena y Coquimbo, reduciendo la dependencia de fuentes continentales cada vez más limitadas.
Infraestructura incluye red de impulsión y almacenamiento
El proyecto va más allá de la planta. Considera una red de impulsión de cerca de 20 kilómetros, estaciones de bombeo y un estanque de regulación, elementos clave para asegurar distribución eficiente. Esto es relevante desde lo operativo. La infraestructura asociada determina la capacidad real de integración del recurso al sistema sanitario, más allá de la producción.
El proyecto refleja una tendencia país. Chile ha comenzado a incorporar desaladoras como parte estructural de su estrategia hídrica, especialmente en zonas costeras con escasez prolongada. Esto implica un cambio de paradigma. El abastecimiento de agua deja de depender exclusivamente de fuentes naturales para incorporar soluciones industriales, con mayor previsibilidad.
Modelo concesional busca acelerar inversión en infraestructura crítica
El esquema de financiamiento es clave. La adjudicación bajo modelo de concesión permite movilizar inversión privada en infraestructura pública, acelerando plazos de ejecución. Esto reduce presión fiscal. El Estado transfiere parte del riesgo al privado, manteniendo control sobre estándares de servicio y operación.
El proyecto enfrenta variables críticas. La desalación implica altos costos energéticos, lo que obliga a integrar soluciones eficientes y sostenibles para su operación.
Fuente Reporte Minero