La demora en el conteo de votos de la elección presidencial en Perú está generando inquietud entre los inversionistas del sector minero, especialmente en una economía donde el cobre y el oro siguen siendo pilares clave de la actividad exportadora. Aun así, analistas internacionales sostienen que el efecto inmediato sobre la industria sería limitado, debido a que la minería continuará siendo una prioridad estratégica para cualquier administración que asuma el poder.
Perú, tercer productor mundial de cobre, celebró su elección general el 12 de abril, pero el proceso de escrutinio se ha extendido por impugnaciones y denuncias de irregularidades. Según reportes recientes, la autoridad electoral espera tener resultados definitivos hacia mediados de mayo, mientras el balotaje presidencial está fijado para el 7 de junio de 2026.
Con cerca del 94% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori ya aseguró un lugar en la segunda vuelta con alrededor de 17% de los votos. En tanto, el segundo cupo sigue en disputa entre Roberto Sánchez, identificado con una posición de izquierda, y Rafael López Aliaga, de línea ultraconservadora, separados por un margen muy estrecho.
La incertidumbre política ha sido seguida de cerca por el mercado, especialmente porque Perú busca reactivar una importante cartera de proyectos mineros. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas del país, el portafolio de inversiones mineras alcanza unos US$64.000 millones, de los cuales aproximadamente 71% corresponde a proyectos de cobre y 12,8% a iniciativas auríferas.
Entre los principales focos de atención del mercado está la postura de Roberto Sánchez respecto de una mayor intervención del Estado en los recursos naturales, la eventual revisión de contratos mineros y la posibilidad de impulsar una nueva Constitución. Ese escenario ha añadido una capa extra de cautela entre inversionistas que ya observaban con atención la estabilidad institucional del país.
Sin embargo, el atractivo del mercado peruano para la minería se mantiene. Los altos precios del cobre siguen respaldando el interés por expansiones y nuevos desarrollos, en un contexto en que la producción peruana alcanzó cerca de 2,77 millones de toneladas de cobre el último año, aunque con un desempeño relativamente estable en los últimos tres años.
Uno de los hitos recientes más observados por la industria fue la reactivación del proyecto Tía María de Southern Copper, luego de que la compañía recuperara el permiso para iniciar su primera fase. La iniciativa contempla una inversión de alrededor de US$1.800 millones y una producción estimada de 120 mil toneladas anuales de cobre desde 2027.
Southern Copper, controlada por Grupo México, figura entre las mayores productoras de cobre del país y proyecta inversiones por más de US$10.300 millones en Perú durante la próxima década. En ese contexto, entidades financieras como Jefferies han señalado que, pese al ruido político y al retraso del conteo, el efecto sobre la minería sería “limitado”, ya que el desarrollo cuprífero seguiría siendo una prioridad nacional independientemente del signo político del próximo gobierno.
En el corto plazo, el principal factor de presión para el mercado seguirá siendo la falta de claridad sobre quién acompañará a Fujimori en la segunda vuelta. Pero, mirando más allá del proceso electoral, la lectura dominante entre analistas es que la relevancia económica de la minería en Perú reduce la probabilidad de cambios bruscos que alteren estructuralmente el rumbo del sector.
Fuente Reporte Minero