El jefe de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Pablo Eguiguren, destacó que una de las principales prioridades del Gobierno del Presidente José Antonio Kast es reducir los plazos de tramitación de permisos asociados a proyectos de inversión.
Durante el conversatorio “Permisos y regulación: cómo acelerar la inversión para un nuevo ciclo”, organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y el Observatorio de Tramitación y Evaluación de Inversiones (OTEI), la autoridad valoró la Ley de Permisos Sectoriales (Ley MAS), expresando que su adecuada implementación será clave para avanzar en este objetivo.
“Con la Ley de Permisos tenemos una oportunidad significativa. Existe una brecha importante en materia de plazos y, por ello, creemos que su correcta implementación —en la que ya estamos trabajando— permitirá reducirlos de manera sustantiva”, sostuvo Eguiguren.
En esa línea, ejemplificó con el proyecto de conexión Kimal–Lo Aguirre, cuyo expediente de Evaluación de Impacto Ambiental contemplaba cerca de 6.000 permisos sectoriales. De ellos, 1.200 correspondían a obras de bajo riesgo de la Dirección General de Aguas. “Es precisamente ese tipo de permisos el que buscamos abordar mediante mecanismos habilitantes alternativos, con el fin de disminuir significativamente el número de solicitudes y, con ello, acortar los tiempos de tramitación”, explicó.
Asimismo, afirmó que el diagnóstico realizado en materia de permisología evidencia que uno de los principales factores de retraso se produce durante la suspensión de los procesos, cuando los servicios emiten observaciones que deben ser subsanadas. En ese contexto, la OASI trabaja en el diseño de medidas —que podrían incluir ajustes legales, normativos o de gestión— orientadas a alinear los incentivos asociados a la formulación de observaciones que excedan las atribuciones de los servicios.
Si bien destacó que la digitalización impulsada por la OASI ha permitido mejorar los diagnósticos y que la Ley N° 19.880 habilita la priorización de proyectos, advirtió que estas herramientas no resuelven el problema estructural. Persisten más de 3.000 expedientes pendientes en concesiones marítimas, con un rezago de hasta cinco años, considerando que actualmente se revisan cerca de 600 expedientes anuales. “Mientras no abordemos esa situación de fondo, seguiremos teniendo una deuda pendiente”, enfatizó.
En ese marco, agregó que la OASI busca avanzar tanto en la priorización como en la resolución de expedientes acumulados, con el objetivo de reducir de manera efectiva los niveles de rezago.
Accountability e implementación de IA
Para acelerar la tramitación de permisos —una materia prioritaria para el Ejecutivo— la OASI está fortaleciendo los mecanismos de accountability. Un ejemplo de ello, dijo Eguiguren, son las reuniones periódicas que sostienen los ministros del área económica en La Moneda. A esto se suma el impulso al uso de inteligencia artificial, considerando que “no existe capacidad humana suficiente para revisar la totalidad de los expedientes”.
“No podemos seguir evaluando proyectos con las mismas herramientas de hace dos décadas. Hoy contamos con soluciones basadas en inteligencia artificial que queremos promover en servicios clave. Estamos convencidos de que, focalizando esfuerzos en instituciones como el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el Consejo de Monumentos Nacionales, el Ministerio de Salud y la Dirección General de Aguas, es posible abordar el 80% de los cuellos de botella en la tramitación sectorial”, concluyó Eguiguren.
Fuente Mch