La Comisión de Minería y Energía del Senado conoció los primeros antecedentes del programa de subsidio de gas licuado del Ejecutivo, medida que busca aliviar la carga energética de los hogares más vulnerables durante el invierno. Aunque aún se encuentra en fase de diseño, las autoridades presentaron detalles operacionales de una iniciativa que requiere aceleración en su implementación.
El beneficio consisitría en la entrega de un cupón de 27 mil pesos que podría canjearse de manera presencial en las 43 mil sucursales de Caja Vecina distribuidas a nivel nacional u online a través de la app de Banco Estado y Rutpay. El programa apuntaría al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH), lo que equivaldría a aproximadamente 7,7 millones de hogares.
El mecanismo de operación es directo: el usuario accedería al cupón y lo canjearía con empresas distribuidoras de gas licuado en convenio —entre ellas Gasco, Lipigas y Abastible— para llenar un balón de 15 kilos. Si el precio final supera los 27 mil pesos, el usuario pagaría la diferencia; si es menor, el saldo restante podría utilizarse para otro balón. El programa comenzaría a hacerse efectivo a principios de junio hasta finales de septiembre, cubriendo la temporada invernal, con un costo estimado de 220 millones de dólares.
Cuestionamientos sobre operatividad y cobertura geográfica
La senadora Yasna Provoste, presidenta de la Comisión, junto con los senadores Juan Luis Castro, Renzo Trisotti y Miguel Ángel Calisto, plantearon interrogantes concretas sobre la viabilidad operacional de la iniciativa. Entre las preocupaciones destacó cómo se ejecutará la entrega del beneficio en zonas extremas del país, dónde históricamente los precios del gas licuado son significativamente más elevados que el subsidio ofrecido, y cuál sería el rol de los municipios en la implementación de la medida.
La empresa Abastible remitió una carta a la Comisión de Hacienda alertando sobre problemas técnicos y logísticos del sistema. Según la distribuidora, las cifras preliminares entregadas por el Ejecutivo presentan inconsistencias —particularmente la cifra de 7,7 millones de hogares versus los 2 millones de usuarios de Rutpay— que podrían derivar en dificultades de abastecimiento y complejidades operacionales durante la distribución del beneficio.
Nuevo análisis con autoridades ejecutivas
Ante la necesidad de validar estos cuestionamientos, la Comisión acordó citar para el próximo lunes 18 de junio al subsecretario del Ministerio del Interior, Máximo Pavez, y al presidente de Banco Estado, Mario Farren, para que presenten el diseño final de la medida considerando la urgencia de su implementación antes del invierno. La sesión buscará aclarar dudas operacionales, validar las cifras de cobertura y evaluar la capacidad de las redes de distribución existentes para absorber la demanda de canjes simultáneos durante el período de vigencia del programa.
Fuente Reporte Minero