La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú (SNMPE), Julia Torreblanca, advirtió que las propuestas mineras de los dos candidatos que competirán en la segunda vuelta presidencial podrían poner en riesgo miles de millones de dólares en inversiones para el país.
La declaración se produce a pocos días del balotaje del 7 de junio, en el que se enfrentarán la candidata de derecha Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en una elección que podría redefinir el rumbo de una de las economías de recursos naturales más relevantes de América Latina. El Jurado Nacional de Elecciones confirmó la segunda vuelta entre ambos postulantes tras la primera ronda de abril.
En entrevista con Reuters, Torreblanca sostuvo que ninguna de las propuestas planteadas por los candidatos para la industria minera “funciona o es sostenible en el largo plazo”. Su preocupación apunta al impacto que eventuales cambios tributarios, regulatorios o de distribución de rentas podrían tener sobre la cartera de proyectos mineros del país.
Regalías, impuestos y nueva Constitución
Fujimori ha propuesto distribuir directamente el 40% de las regalías mineras a las comunidades ubicadas cerca de las operaciones, además de crear una vía rápida o “fast track” para proyectos estratégicos, junto con incentivos tributarios para la reinversión de utilidades.
Sánchez, en cambio, plantea elevar impuestos y regalías, revisar los contratos de grandes compañías mineras y promover un referéndum para redactar una nueva Constitución, con el objetivo de ampliar el rol del Estado en la economía.
Para la SNMPE, ambos enfoques generan señales de alerta. Por un lado, la redistribución directa de regalías podría no resolver los problemas estructurales de ejecución pública en las regiones mineras. Por otro, una mayor carga tributaria y la revisión de contratos podrían debilitar la confianza de los inversionistas en proyectos de largo plazo.
US$63.000 millones en inversión minera bajo observación
Torreblanca advirtió que un aumento de la carga fiscal podría frenar la inversión en una cartera minera estimada en US$63.000 millones. De ese total, cerca del 70% corresponde a proyectos de cobre ubicados en las regiones andinas del sur de Perú, una zona estratégica para el futuro productivo del país.
Perú es uno de los mayores productores mundiales de cobre y un actor clave para el abastecimiento global del metal, cuya demanda continúa creciendo por la electrificación, la transición energética, las redes eléctricas y el desarrollo de nuevas tecnologías.
En ese contexto, la estabilidad regulatoria y tributaria será decisiva para mantener la competitividad del país frente a otras jurisdicciones mineras de América Latina, como Chile, Argentina, Ecuador y Colombia.
Recaudación minera alcanzó récord
El debate electoral ocurre en un momento de altos ingresos fiscales provenientes del sector extractivo. La recaudación tributaria minera alcanzó aproximadamente 26.000 millones de soles, equivalentes a unos US$7.590 millones, durante el último año, impulsada por los elevados precios del oro y del cobre.
Además, el gobierno transfirió cerca de US$2.930 millones a autoridades de regiones impactadas por la minería para iniciativas de desarrollo comunitario, a través de mecanismos asociados al impuesto a la renta y regalías.
Sin embargo, Torreblanca planteó que el problema no radica únicamente en la cantidad de recursos disponibles, sino en la capacidad del Estado para ejecutarlos de manera eficiente. La dirigente gremial citó la existencia de más de 2.000 obras públicas paralizadas como una señal de que el país necesita fortalecer la gestión estatal antes que modificar drásticamente las reglas del sector.
Cobre, inversión y estabilidad política
La segunda vuelta presidencial será observada de cerca por empresas mineras, inversionistas y analistas internacionales. Perú cuenta con una de las carteras de cobre más relevantes del mundo, pero también enfrenta desafíos vinculados a conflictividad social, permisos, infraestructura, burocracia y fragmentación política.
La incertidumbre electoral podría retrasar decisiones de inversión en proyectos estratégicos, especialmente si el próximo gobierno no entrega señales claras sobre estabilidad jurídica, respeto a contratos y eficiencia en la tramitación de permisos.
Para la industria, el dilema es complejo. Las comunidades exigen una mayor participación en los beneficios de la minería, mientras las empresas advierten que una mayor presión tributaria o regulatoria podría afectar la viabilidad de nuevos proyectos.
El desafío de convertir renta minera en desarrollo
El llamado de la SNMPE apunta a que el próximo gobierno fortalezca la capacidad del Estado para transformar la renta minera en infraestructura, servicios públicos y desarrollo territorial.
Según Torreblanca, antes que elevar impuestos o rediseñar los mecanismos de distribución, Perú debe asegurar que los recursos generados por la minería se ejecuten correctamente y lleguen de manera efectiva a las comunidades.
La discusión será clave para el futuro económico del país. Si Perú logra combinar competitividad minera, estabilidad regulatoria y una mejor gestión de los ingresos fiscales, podría consolidar su posición como uno de los principales destinos globales para inversión en cobre. Pero si el próximo gobierno introduce mayor incertidumbre tributaria o contractual, parte de la cartera de US$63.000 millones podría quedar en pausa en un momento crítico para la oferta mundial del metal.
Fuente Reporte Minero