Un túnel submarino de aproximadamente 3,7 kilómetros bajo el Estrecho de Magallanes podría transformar la conectividad de Tierra del Fuego al unir Punta Delgada con Bahía Azul, reemplazando el tradicional cruce en barcaza e impulsando una nueva etapa de desarrollo en la zona austral compartida por Chile y Argentina.
Para Francisco Hernández, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes (Uandes) y especialista en infraestructura, el proyecto es técnicamente posible pero considerablemente complejo. «No lo miraría como una obra simple por tener solo 3,7 a 4 kilómetros. Es corta comparada con el Eurotúnel, pero muy compleja por estar bajo el Estrecho de Magallanes, con clima extremo, operación crítica, seguridad contra incendios y una demanda probablemente limitada», explica.
Estudios geotécnicos como requisito fundamental
Hernández subraya que, desde la perspectiva ingenieril, la longitud del proyecto es considerablemente menor respecto a otros túneles submarinos en operación mundial. Sin embargo, advierte que cualquier decisión requiere desarrollar una extensa campaña de investigación geotécnica y geofísica para caracterizar las condiciones del terreno.
«La obra requeriría primero una campaña geotécnica y geofísica muy fuerte para conocer la roca, fallas, permeabilidad, presión de agua y profundidad del lecho marino. Después habría que definir la solución constructiva, probablemente un túnel excavado en roca con TBM (tuneleras) o método convencional, más que un túnel sumergido prefabricado, dependiendo de la batimetría y geología», sostiene el académico.
El especialista enfatiza que la infraestructura necesaria va mucho más allá del túnel. Entre los componentes críticos menciona portales de acceso, caminos de conexión, sistemas de ventilación y operación. «En un túnel vial, la ventilación y la seguridad por incendio son temas críticos que requieren soluciones sofisticadas», agrega.
La interrogante económica y política
Pese a la viabilidad técnica, Hernández considera que la principal barrera está en la dimensión económica y política del proyecto. Según explica, la inversión reportada ronda los US$1.500 millones, cifra que obliga a evaluar cuidadosamente su rentabilidad social y estratégica.
«La gran pregunta es económica y política. La justificación dependería de la demanda real, la continuidad logística, los beneficios estratégicos, el turismo, la integración Chile-Argentina y el reemplazo de las barcazas», afirma el experto.
En ese contexto, Hernández concluye que el proyecto aún requiere avanzar significativamente en estudios de detalle antes de alcanzar un nivel de madurez suficiente para su eventual ejecución.
«Como ingeniería, es viable; como proyecto público, requiere estudios serios de demanda, geotecnia, riesgo, costo-beneficio y financiamiento binacional antes de considerarlo realmente maduro», concluye el académico de Uandes.
Fuente Reporte Minero