El Gobierno de San Juan envió a la Legislatura provincial un proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, iniciativa que busca establecer mecanismos para promover la participación de trabajadores y proveedores locales en los proyectos mineros que operan en la provincia.
La propuesta surge en un contexto marcado por el avance de nuevas inversiones vinculadas al cobre y otros minerales estratégicos, además del desarrollo de proyectos asociados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en Argentina.
Según el texto presentado, la iniciativa busca fortalecer el impacto económico de la actividad minera mediante herramientas de planificación, monitoreo e incentivos orientadas al empleo y las compras locales.
Planes de empleo y proveedores
Uno de los principales ejes del proyecto contempla la obligación para las empresas mineras y sus contratistas principales de presentar planes periódicos de desarrollo de empleo y de proveedores locales.
Estos instrumentos deberán incluir metas, indicadores y reportes de cumplimiento respecto de la contratación de trabajadores y la adquisición de bienes y servicios dentro de la provincia. La propuesta establece que dichos planes deberán actualizarse cada dos años y estar sujetos a mecanismos de seguimiento por parte de la autoridad competente.
Metas para empleo y compras locales
La iniciativa fija como objetivo que el 80% de los trabajadores de cada operación minera tenga residencia en la provincia de San Juan, otorgando prioridad a las comunidades ubicadas dentro de las áreas de influencia de los proyectos.
Asimismo, propone que las compañías orienten el 60% del valor anual de sus compras hacia proveedores locales, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas de calidad, precio y capacidad operativa. Cuando estos porcentajes no puedan alcanzarse, las empresas deberán justificar técnicamente las razones que expliquen dicha situación.
El proyecto también considera la creación del Registro Provincial de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN), plataforma destinada a identificar y certificar a las empresas que podrán ser consideradas dentro de los indicadores de compras locales.
Para integrar este registro, las compañías deberán acreditar domicilio operativo en San Juan, tributación provincial y una dotación laboral compuesta mayoritariamente por trabajadores sanjuaninos.
Transparencia e incentivos
Entre las medidas propuestas figura la publicación anticipada de necesidades de contratación y adquisición de bienes y servicios por parte de las compañías mineras, con el objetivo de facilitar la preparación de proveedores locales para futuras licitaciones y contratos.
La iniciativa incorpora además un sistema de incentivos para las empresas que cumplan simultáneamente las metas de empleo y compras locales. En esos casos, podrían acceder a certificados de crédito fiscal transferibles para el pago de impuestos provinciales.
Fiscalización y sanciones
El Ministerio de Minería de San Juan sería la autoridad encargada de aplicar la normativa, con apoyo de un consejo consultivo y una unidad técnica especializada para el seguimiento de los indicadores establecidos.
La propuesta contempla sanciones para incumplimientos injustificados, que podrían incluir multas de hasta 60.000 Unidades Tributarias, aunque establece excepciones cuando las empresas acrediten falta de oferta local competitiva o demuestren haber desarrollado programas de capacitación para cubrir brechas existentes.
El proyecto comenzará ahora su tramitación en la Legislatura provincial, donde deberá ser analizado por las comisiones correspondientes antes de una eventual votación. De ser aprobado, reemplazará a la Ley 1208-M, normativa anterior que, según el Ejecutivo provincial, no llegó a implementarse plenamente.
Fuente Reporte Minero