El empresario estadounidense Ira Rennert ha alcanzado un acuerdo de US$150 millones para resolver más de mil demandas vinculadas a la contaminación de la fundición La Oroya en Perú, evitando un juicio federal que llevaba casi dos décadas en tramitación.
El arreglo con Doe Run Resources Corp., empresa de Rennert, beneficia a más de 1.380 residentes de La Oroya que alegaron impactos sanitarios prolongados por emisiones de la fundición y contaminación del agua. El acuerdo promedia aproximadamente US$109.000 por demandante, aunque la distribución final dependerá de costos legales y términos individuales de cada caso.
Los abogados de los residentes de La Oroya, localidad en los Andes peruanos, confirmaron que la resolución se alcanzó cuando el primer grupo de demandas estaba programado para ir a juicio el 29 de junio en St. Louis, Missouri. Sin embargo, cerca de 3.000 demandas adicionales permanecen sin resolver y aún carecen de fechas de juicio.
Diecinueve años de litigio ambiental transfronterizo
Las demandas se remontan a 2007, cuando monjas católicas que trabajaban con niños en Perú presentaron los primeros reclamos por contaminación de la fundición. La instalación operaba desde 1922 y fue adquirida al Estado peruano por empresas vinculadas a Rennert en 1997. Según argumentos judiciales, la producción se incrementó tras la adquisición mientras los residentes alegaban que las mejoras ambientales prometidas no se ejecutaron completamente.
Jerome Schlichter, abogado de los demandantes peruanos, declaró que el acuerdo representaba «la culminación de 19 años de trabajo incesante para obtener justicia para niños que fueron víctimas inocentes» de las emisiones de la fundición.
Doe Run destaca inversiones y responsabilidad estatal
Matthew Wohl, director ejecutivo de Doe Run, señaló que la empresa ha invertido más de US$300 millones para mejorar condiciones en La Oroya y reducir emisiones. La compañía argumentó que Perú incumplió sus responsabilidades propias de remediación del sitio.
Doe Run y su matriz Renco Group (con sede en Nueva York) operaron la fundición durante aproximadamente 10 años antes de solicitar protección por insolvencia en 2009. La planta reabrió en 2023 bajo control de Metallurgical Business Peru SAA, empresa de trabajadores no involucrada en el litigio.
Exposición documentada a contaminantes tóxicos
Los residentes alegaron exposición a contaminantes incluyendo plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre mediante contaminación del aire y agua. Un estudio de la Universidad de Saint Louis de 2005 documentó niveles elevados de plomo en niños de La Oroya, respaldando las acusaciones de impactos sanitarios prolongados que los demandantes vinculaban a la operación metalúrgica.
Rennert, de 92 años, es uno de los industriales estadounidenses más destacados con una fortuna estimada en US$6.6 mil millones. Su riqueza personal había sido esperada como punto central de contención en el juicio, pero el acuerdo evita ese escenario.
Impacto sectorial y precedente ambiental
La resolución parcial marca un hito significativo en uno de los litigios ambientales transfronterizos más prolongados involucrando operaciones mineras y metalúrgicas latinoamericanas. Para el sector minero global, el caso de La Oroya subraya riesgos legales y reputacionales a largo plazo ligados a contaminación histórica, especialmente cuando las operaciones afectan comunidades cercanas.
En Perú, La Oroya permanece como uno de los casos más emblemáticos en el debate sobre desarrollo industrial, salud pública y responsabilidad ambiental corporativa. Miles de demandas continúan pendientes, indicando que el legado ambiental y legal de la operación podría extenderse durante años adicionales.
Fuente Reporte Minero