- Durante el primer semestre se registró un máximo histórico de 32 reclamaciones ambientales admisibles, el mayor ingreso desde la creación de estos tribunales, cifra que elevó el stock de causas pendientes a un récord de 67, equivalente a inversiones que ascienden a US$10.655 millones.
De acuerdo con el monitoreo semestral realizado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), al cierre del primer semestre de este año los tribunales ambientales mantenían en tramitación 67 causas asociadas a 59 proyectos de inversión, cuyo monto conjunto asciende a US$10.655 millones.
Si bien durante el periodo los tribunales dictaron 18 sentencias, uno de los mayores volúmenes registrados históricamente, el ingreso de nuevas reclamaciones volvió a superar el número de causas resueltas, consolidando un escenario de creciente congestión judicial.
Mientras durante los primeros seis años de funcionamiento de los tribunales ambientales ingresaban, en promedio, 7,3 reclamaciones admisibles por semestre, desde 2019 ese promedio aumentó a 17,2 causas semestrales, más del doble del nivel observado en la etapa inicial del sistema.
El incremento sostenido en los ingresos ha tenido efectos directos sobre los tiempos de tramitación. Durante el primer semestre, el plazo promedio para dictar sentencia alcanzó 568 días corridos. Aunque esta cifra representa una disminución respecto del semestre anterior, continúa ubicándose entre los cuatro promedios más altos de toda la serie histórica.
“La judicialización continúa aumentando”
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, señaló en una nota con El Mercurio que «Chile necesita un sistema de evaluación ambiental robusto, pero también oportuno y predecible. La evidencia muestra que la judicialización continúa aumentando. Ese desajuste genera incertidumbre, retrasa inversiones y afecta el dinamismo económico».
Según el informe, de la CPC el crecimiento sostenido del volumen de causas está tensionando la capacidad de respuesta de los tribunales ambientales y prolongando los tiempos de resolución.
A ello se suma una segunda etapa judicial. Una vez emitida la sentencia por parte del tribunal ambiental, las partes pueden interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema. Históricamente, el 56% de las sentencias ha sido objeto de este recurso, cuya resolución demora, en promedio, otros 448 días.
Como resultado, el tiempo total entre el ingreso de una reclamación al tribunal ambiental y la sentencia definitiva de la Corte Suprema supera actualmente los 1.000 días corridos, muy por encima del promedio de 587 días que se registraba antes de 2019.
En el 74% de los casos revisados por el máximo tribunal, la Corte Suprema rechaza los recursos de casación y confirma la sentencia previamente dictada por el tribunal ambiental.
Impacto concentrado en proyectos de mayor escala
En términos históricos, solo el 4,5% de los proyectos calificados por el SEIA ha enfrentado reclamaciones judiciales. Sin embargo, dichas iniciativas representan el 21,5% del monto total de inversión evaluado por el sistema, lo que evidencia que la litigación se concentra principalmente en proyectos de gran escala.
Por sectores, la energía concentra la mayor cantidad de reclamaciones ambientales, con 109 causas, equivalentes al 32% del total histórico. Le siguen la minería, con 53 causas (16%), y la infraestructura, con 44 reclamaciones (13%).
No obstante, al analizar los montos comprometidos, minería e infraestructura presentan una mayor exposición relativa a la judicialización. En ambos casos, las iniciativas que enfrentaron acciones judiciales representan el 42% y el 36%, respectivamente, del total de inversión que dichos sectores han ingresado al SEIA.
Respecto del origen de las reclamaciones, el 39% corresponde a personas naturales, el 36% a organizaciones de la sociedad civil, el 16% a empresas y el 9% restante a municipalidades.