Banco Mundial advierte que riesgos sociales y ambientales encarecen financiamiento de proyectos

IFC señala que deficiencias en gestión social impactan directamente en acceso a recursos internacionales y tasas de interés. Evaluación ambiental es tan relevante como análisis financiero.

Los riesgos sociales y ambientales ya no son solo obstáculos operacionales que retrasan la ejecución de proyectos. Impactan directamente en el acceso al financiamiento internacional y en las condiciones financieras bajo las cuales se obtienen recursos, advirtió la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo del Banco Mundial para el sector privado.

Ivana Fernandes Duarte, directora de país de IFC, señaló durante el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026) en Lima que la calidad de la gestión social y ambiental forma parte de la evaluación de debida diligencia que realiza la institución antes de decidir si participa en el financiamiento de una iniciativa. Los proyectos con deficiencias en estos ámbitos enfrentan mayores dificultades para conseguir recursos o acceden a condiciones menos competitivas.

Gestión ambiental determina tasas de financiamiento

«La calidad de la gestión social y ambiental de un proyecto influye en la decisión de IFC de invertir y en las condiciones de financiamiento, como la tasa de interés», afirmó Fernandes Duarte. La ejecutiva enfatizó que estas consideraciones no pueden ser incorporadas una vez que la iniciativa ya está en marcha, sino que deben formar parte del proyecto desde sus primeras etapas de diseño.

Para IFC, la evaluación social y ambiental tiene peso relevante junto con las variables financieras y técnicas. «No se puede financiar un proyecto que es deficiente en la parte social y ambiental», remarcó la representante de la institución.

Factores clave en la evaluación

El análisis de IFC considera factores como el diálogo temprano con comunidades, la coordinación con gobiernos locales y la capacidad del territorio para ejecutar y sostener los acuerdos alcanzados. Una adecuada gestión de estos riesgos incrementa las posibilidades de acceder a financiamiento internacional en mejores condiciones, mientras que las deficiencias pueden elevar el costo del crédito o incluso limitar las opciones de inversión.

Fernandes Duarte recomendó destinar más tiempo a la preparación de los proyectos y evitar concebirlos como iniciativas aisladas del entorno en el que se desarrollarán. «En IFC tenemos normas de desempeño internacionalmente reconocidas, que son estándares muy altos y se utilizan globalmente. Abarcan condiciones ambientales y sociales y son un buen punto de referencia para preparar un proyecto y aumentar la probabilidad de atraer financiación», explicó.

Integración con estrategia de desarrollo territorial

La directora de país de IFC consideró necesario que los proyectos se integren a una estrategia de desarrollo territorial que contemple infraestructura, fortalecimiento de capacidades locales, oportunidades para proveedores y generación de empleo. Esta visión integral aumenta la viabilidad financiera y reduce riesgos asociados a conflictividad social.

Fernandes Duarte subrayó que los inversionistas internacionales prestan cada vez más atención a la manera en que las empresas gestionan su relación con el entorno y cumplen los compromisos asumidos con poblaciones y autoridades locales. «La evaluación social y ambiental es transversal y tan relevante como la evaluación financiera o técnica para definir si un proyecto es financiable y bajo qué condiciones», sostuvo.

Coordinación institucional como factor crítico

Fernandes Duarte destacó la necesidad de contar con reglas claras, procesos predecibles y una mayor coordinación entre los distintos niveles del Estado, las empresas y las comunidades. «Es fundamental contar con reglas claras y procesos predecibles, así como una coordinación fuerte entre los distintos niveles del Estado y las empresas, para que exista capacidad local de ejecutar y sostener los acuerdos», sentenció la representante de IFC.

Este llamado es particularmente relevante para el sector minero y energético de Latinoamérica, donde la gestión social y ambiental es determinante tanto para la viabilidad de proyectos como para el acceso a financiamiento internacional competitivo.