El documento del Departamento de Estado critica que, si bien la actual administración de gobierno prioriza la atracción de inversión extranjera, con foco en sectores tecnológicos y extracción de recursos naturales, también plantea que el país no cuenta con un organismo de supervisión regulatoria.
La extensa demora en la aprobación de permisos para concretar los proyectos de inversión -más conocido con el término de “permisología”- ha suscitado la atención y discusión por parte de distintos organismos y actores tanto del sector público como privado.
Esta vez, el “Reporte sobre clima de inversión 2024”, publicado en julio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, abordó preocupantes conclusiones sobre este tema en su capítulo sobre Chile. En él se advierte que los procesos de obtención de permisos ambientales en el país, al igual que los requisitos de consulta indígena (cuando los pueblos originarios resultan afectados por los proyectos) y los engorrosos procedimientos judiciales han impactado en que las aprobaciones de grandes proyectos sean cada vez más lentas e impredecibles, especialmente en casos políticamente delicados.
Desde el órgano gubernamental del país norteamericano también indicaron que, si bien el informe de la OCDE de abril de 2016 denominado “Política regulatoria en Chile” afirma que el país tomó medidas para mejorar su proceso de elaboración de normas, aún está por debajo del promedio de la OCDE en la evaluación del impacto de las regulaciones, la consulta con partes externas sobre su diseño y su evaluación a lo largo del tiempo.
“De acuerdo con los indicadores globales de gobernanza regulatoria del Banco Mundial, Chile ha logrado avances acotados en materia de transparencia, evaluación de impacto y formas de apelar e impugnar las regulaciones”, plantea el informe, agregando que -pese a ello-, Chile no cuenta con un organismo de supervisión regulatoria.
“Cuatro instituciones desempeñan papeles clave en el proceso de elaboración de normas: la Secretaría General de la Presidencia (Segpres); el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Economía y la Contraloría General de la República. La mayoría de las normas provienen del gobierno central. Sin embargo, algunas, en particular las relacionadas con el uso de la tierra, se deciden a nivel local”, sostiene el texto.
No todo está perdido
El segundo socio comercial más importante de Chile, como lo es Estados Unidos, igualmente señaló en este mismo documento que tanto el gobierno nacional como los locales participan en la emisión de permisos ambientales.
“Los procesos regulatorios son administrados por entidades gubernamentales. Las ONG y las asociaciones del sector privado pueden participar en audiencias públicas y con comentarios en los procesos de participación. No obstante, Chile aún carece de un programa integral de reforma regulatoria que abarque a todo el gobierno”, precisaron desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, liderado por el secretario Antony Blinken.
Pero no todo está perdido. Desde la administración norteamericana aseveran que el actual gobierno chileno prioriza la atracción de inversión extranjera, especialmente de sectores tecnológicos y extracción de recursos naturales asociados con la transición verde (litio, cobre e hidrógeno verde), junto con continuar con la implementación de medidas que buscan agilizar estos procesos de inversión.
Prueba de ello, dicen desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, es el positivo paso dado por el país el 10 de enero de este año cuando el gobierno de Gabriel Boric presentó al Congreso un proyecto de ley que apunta a reducir los plazos para obtener los permisos, imponiendo plazos para este proceso, “con decisiones adoptadas por defecto en caso de que las autoridades no respondan”, aseguran finalmente desde la unidad norteamericana.