La académica y especialista del estudio de Guerrero y Olivos desglosó las dificultades que actualmente enfrentan los proyectos para ser aprobados por las distintas autoridades pertinentes, así como también las reformas que se están discutiendo en el Congreso.
Contradicciones, demoras y falta de certezas jurídicas son algunas de las principales preocupaciones de los inversionistas a la hora de presentar un proyecto a evaluación tanto ambiental como sectorial. Eso es lo que ha detectado la abogada minera María Paz Pulgar, quien en entrevista con Nueva Minería se refirió a los problemas de confianza en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en Chile.
Según la académica y socia y miembro del equipo minero y recursos naturales de Guerrero y Olivos, las empresas enfrentan requisitos cada vez más estrictos y arbitrarios para aprobar sus proyectos. La suspensión en la Región de Antofagasta del proyecto Central de Bombeo Paposo, de Colbún, con una inversión de US $1.400 millones, ejemplifica este desafío. En esa línea, Pulgar afirmó sobre los términos anticipados que “si tu presentación es incompleta, la autoridad debería darte más espacio para complementar en un factor determinado que posiblemente no tenías considerado en la mirada global”.
La abogada subrayó la importancia de las reformas en el Congreso para agilizar la tramitación de permisos y promover un entorno de inversión más favorable, en medio de la creciente desconfianza empresarial. Sin ir más lejos, el día de ayer se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de ley que busca crear un sistema unificado de permisos sectoriales.
No obstante a lo anterior, según María Paz Pulgar lo más importante es que exista una señal política que impulse las voluntades de quienes toman las decisiones en los distintos servicios, aumentando la coordinación y unificación de criterios, apuntando a que este cambio sería “incluso más relevante que una modificación legal”.