La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) solicitaron en el Senado mayor transparencia y sanciones para servicios públicos incumplidores, en el marco de la crisis de tiempos excesivos en la tramitación de permisos.
En el contexto de tramitación de la denominada reforma a la “permisología”, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) propusieron medidas para agilizar los trámites y sancionar incumplimientos en los plazos.
En la última sesión de la Comisión de Economía del Senado, los gremios demandaron transparencia en los servicios públicos, un sistema que permita monitorear los tiempos de respuesta, y rendición de cuentas ante el Congreso en caso de retrasos.
El presidente de la CPC, Ricardo Mewes, destacó la urgencia de acelerar los trámites para incentivar la inversión en Chile, afirmando que “Chile necesita mayor inversión, necesita destrabar proyectos y generar crecimiento económico, ya que tenemos tasas de desempleo importantes y, en ese sentido, el país necesita crecer”.
Por su parte, Alfredo Echavarría, líder de la CChC, consideró el proyecto como una oportunidad histórica para fortalecer el sector construcción, que ha perdido miles de empleos en los últimos años. “Esta es una oportunidad casi histórica. Llevamos años enfrentando este problema, así que tenemos la oportunidad de sacar el mejor proyecto para todos, un proyecto que sirva para activar la inversión, el crecimiento y que genere mejores recaudaciones fiscales para atender las necesidades de la gente”, sostuvo Echavarría.
En cuanto a las sanciones, la CPC sugirió que se prioricen incentivos y transparencia antes que castigos, mientras que la CChC insistió en la necesidad de amonestaciones para garantizar el cumplimiento de plazos. Según Beatriz Silva, abogada de la CChC, los retrasos en permisos afectan a numerosos asociados, por lo que consideran imprescindible aplicar sanciones efectivas. “No puede ser que no pase nada si no se cumplen los plazos”, puntualizó Silva.
Excesiva burocracia
Además, expertos en el sector señalan que los trámites en Chile son excesivamente burocráticos. Paulina Riquelme, asesora de la CPC, detalló los largos tiempos de espera para permisos ambientales y sectoriales, que pueden extenderse por años. “Por ejemplo, un permiso de la Dirección General de Aguas (DGA) puede tardar entre 4 y 5 años en tramitarse”, puntualizó Riquelme.
Por su parte, el investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Luis Eugenio García-Huidobro, sugirió que se reformule el enfoque hacia uno que promueva la libertad económica, reduciendo la visión de los permisos como requisitos estrictos y limitantes. “La práctica administrativa chilena opera hoy en día como si el permiso fuera la regla general, levantando una prohibición, cuando en realidad, y en términos de dogmática jurídica, los permisos son excepciones”, expresó García-Huidobro, quien añadió que el proyecto de ley debe suponer un cambio de paradigma hacia una fiscalización más eficiente.