El experto en derecho ambiental afirma que se requiere simplificar la regulación y modernizar el Estado. “Esto, con el fin de dotarlo de herramientas que le permitan mejorar significativamente la eficiencia y eficacia de su gestión”, dice.
Los cambios legislativos que buscan destrabar la permisología están en pleno debate. Recientemente se dio a conocer que en enero se planea presentar a consulta pública la modificación al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), iniciativa que forma parte del paquete de reformas orientadas a agilizar los procesos de aprobación de los proyectos de inversión.
Haciendo un análisis más amplio sobre este tema, el abogado Sebastián Avilés, socio fundador de MSyA Abogados, es crítico al plantear que la propuesta de reforma al SEIA no ha logrado conciliar los intereses de los distintos actores. “Para los desarrolladores de proyectos no se incorporan propuestas que agilicen el procedimiento de evaluación y, con ello, se incentive la inversión. Si bien se proponen cambios en la institucionalidad, se sube el estándar de la evaluación, y se incorporan ajustes en la fase recursiva, lo que, en mi opinión, ello no debiese tener una incidencia sustantiva en el funcionamiento del sistema. En ese sentido, el proyecto representa una serie de cambios, pero pareciera que no hay convencimiento respecto a que estos se traducirán en verdaderas soluciones”, comenta Avilés.
También se refiere a la convocatoria de cinco expertos externos que se dio a conocer para realizar una nueva propuesta. Al respecto, señala que los expertos fueron convocados para proponer ajustes respecto a cuál debiese ser el órgano calificador de proyectos. “Por motivos diversos, la propuesta de que fueran los Directores Regionales del SEA no tuvo aceptación. Ahora, si bien la propuesta de ajustes será relevante dada la función que se entrega, no necesariamente destrabará la tramitación de la reforma, sino va acompañada de consensos en materias sustantivas del funcionamiento del sistema”, aclara el experto legal.
En relación con el conjunto de las reformas en curso, que buscan acelerar los permisos de tramitación de los proyectos, es posible que puedan representar mejoras regulatorias, a juicio de Avilés, pero no son sustantivas respecto del objetivo de aprobar proyectos y agilizar e incentivar la inversión, aclara el especialista.
“Para ello, se requiere simplificar la regulación y modernizar el Estado para dotarlo de herramientas que le permitan mejorar significativamente la eficiencia y eficacia de su gestión”, asegura finalmente el socio fundador de MSyA Abogados.