Comunidades locales y expertos denuncian a la empresa Kimia Mining por corrupción, destrucción de ecosistemas y la pérdida de medios de vida
La Reserva de Vida Silvestre Okapi, un sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO ubicado en la provincia de Ituri, al este del Congo, enfrenta graves amenazas debido a la expansión de una mina de oro dirigida por la empresa china Kimia Mining Investment. Este desarrollo se lleva a cabo dentro de los límites de la reserva, que alberga una biodiversidad única, especies en peligro de extinción y cumple un rol clave como sumidero de carbono.
La reserva, que abarca más de 13.000 kilómetros cuadrados, fue declarada sitio protegido en 1996. Sin embargo, en los últimos años, los límites originales de la reserva han sido alterados, aparentemente de manera poco clara, lo que permitió a la compañía china operar en el área.
La reserva es parte de la selva de la cuenca del Congo, la segunda más grande del mundo, y alberga el 15% de los okapis del planeta, un animal considerado como “jirafa del bosque”. A pesar de su estatus como Sitio de Patrimonio Mundial y su inclusión en la lista de sitios en peligro de extinción debido al conflicto armado, el tráfico de fauna y la minería ilegal, enfrenta una creciente amenaza por actividades mineras.
Joe Eisen, director ejecutivo de Rainforest Foundation UK, señaló: “Es alarmante que se le esté dando rienda suelta a una operación minera semiindustrial en lo que se supone es un Sitio de Patrimonio Mundial protegido”.
Impactos ambientales
Los residentes locales y expertos en conservación denuncian que las actividades mineras están degradando los ecosistemas de la reserva, contaminando los ríos y el suelo, destruyendo grandes extensiones de bosque y contribuyendo al aumento de la caza furtiva. Según imágenes satelitales analizadas por la agencia de noticias AP, desde el inicio de las operaciones en 2016, las actividades mineras se han intensificado notablemente, afectando especialmente la sección suroeste de la reserva.
Cinco ex trabajadores de Kimia Mining, que hablaron bajo anonimato, señalaron que las operaciones utilizan mercurio para separar el oro del mineral, una sustancia altamente tóxica que contamina el suelo y las fuentes de agua. El mercurio está clasificado por la ONU como una de las diez sustancias más peligrosas para la salud pública y puede tener efectos tóxicos sobre el sistema nervioso y el sistema inmunológico.
Ademas, reportaron que, tras finalizar operaciones en una zona, la empresa deja fuentes de agua tóxicas y fosas abiertas, lo que representa un peligro para la población y el medio ambiente.
“Antes podíamos cultivar maní y obtener cosechas abundantes. Ahora el suelo está envenenado, y apenas logramos producir”, dijo una residente de la localidad de Badengaido. La pesca también se ha visto afectada: Assana, un pescador de la zona, afirmó que ahora necesita cuatro días para capturar lo que antes conseguía en uno solo.
Entre enero y mayo de este año, la reserva perdió más de 480 hectáreas de cobertura forestal, equivalente a 900 campos de fútbol, según un informe conjunto de la Wildlife Conservation Society y agencias gubernamentales del Congo.
La legalidad en disputa
La minería está prohibida en áreas protegidas bajo el código de minería del Congo. Sin embargo, Kimia Mining asegura que opera legalmente y cuenta con permisos renovados hasta 2048. Según Aboubacar, portavoz de Kimia en el Congo, la empresa respeta las normas medioambientales y paga impuestos al gobierno destinados a la reforestación.
Además, destacó que Kimia emplea a más de 2.000 personas y apoya a la población local como parte de su compromiso con la comunidad. “La minería es una fuente de ingresos crucial para el Congo y no se puede dar mayor valor al medio ambiente que a la minería”, subrayó Aboubacar.
Según registros del gobierno, el mapa que utiliza la empresa fue suministrado por el Instituto Congoleño para la Conservación de la Naturaleza (ICCN), aunque este organismo afirma que los límites utilizados son incorrectos y deberían respetarse los originales.
Un memorando interno del gobierno, obtenido por AP en agosto, señala que todas las empresas mineras en la reserva, incluida Kimia Mining, deberían cesar sus operaciones. Sin embargo, no se ha especificado un cronograma para implementar esta medida.
La ambigüedad sobre los límites ha generado acusaciones de corrupción. Grupos de la sociedad civil del Congo sostienen que funcionarios han alterado los mapas de la reserva para beneficiar intereses personales. Según un geógrafo consultado por AP, el catastro minero del Congo está utilizando mapas que reducen la reserva en casi un tercio de su extensión, permitiendo otorgar y renovar permisos mineros.
Alexis Muhima, director del Observatorio de la Sociedad Civil Congoleña para los Minerales de la Paz, afirmó: “Todos sabíamos que el parque de la muchacha estaba dentro de la reserva, pero la discrepancia comenzó cuando se dieron cuenta de que la mina estaba produciendo grandes cantidades de oro”.
El problema se agrava por la presencia de militares, que controlan las minas y en ocasiones bloquean el acceso de funcionarios locales, según un informe de la ONU.
Impacto en las comunidades locales
Los habitantes de la reserva, muchos de los cuales dependían de la minería artesanal y la agricultura, han perdido acceso a los recursos que solían sostener su economía. Jean Kamana, jefe de la aldea de Epulu, expresó su indignación: “La comunidad está preocupada porque los chinos están explotando minas en una zona protegida cuando a nosotros se nos prohíbe hacerlo”.
Kimia Mining permite a algunos residentes acceder a restos de material minero, pero a cambio de tarifas que la mayoría no puede pagar. Otros, ante la falta de oportunidades laborales, han recurrido a la minería clandestina, enfrentándose al riesgo de ser encarcelados.
Muvunga Kakule, un ex minero artesanal, dijo que ha perdido el 95% de sus ingresos desde que la compañía comenzó a operar. “No puedo extraer oro ni vender productos agrícolas porque los chinos no compran localmente. Ya no puedo enviar a mis hijos a la escuela”.
Un futuro incierto
La UNESCO ha solicitado un informe al gobierno congoleño para febrero de 2024 con el fin de esclarecer cómo planea abordar el problema. Mientras tanto, las comunidades locales continúan enfrentando la pérdida de sus medios de vida y el deterioro de sus recursos naturales.
Wendo Olengama, líder de una comunidad pigmea, señaló que la llegada de miles de trabajadores ha incrementado la caza furtiva y reducido las oportunidades económicas. “Si la situación persiste, viviremos en la miseria”, dijo.
La Reserva de Vida Silvestre Okapi, una joya de biodiversidad en peligro, sigue siendo un escenario de tensiones entre la necesidad de conservación y la explotación económica, dejando en el limbo a las comunidades que dependen de su tierra para sobrevivir.
Fuente: Reporte Minero