El gerente general del Consejo Minero señaló que la Oficina de Evaluación de Permisos debe contar con suficiente autoridad para hacer seguimiento constante a los proyectos y mantener un control efectivo, incluso sin la facultad de aplicar sanciones.
El retraso en los permisos a la hora de implementar nuevos proyectos de inversión y ampliar los existentes está impactando en todas las industrias, especialmente en la minería. Es por esto que hoy se están discutiendo en el Congreso varios proyectos de ley que buscan reformar este sistema para destrabar la denominada permisología, con el objetivo de hacer más ágil y eficiente el proceso.
Es así como en el marco de un seminario organizado por la Comisión de Economía del Senado, representantes de sectores clave como la construcción, la minería y el comercio detallaron una serie de propuestas que apuntan a mejorar la reforma de permisos sectoriales que actualmente se está analizando. En la instancia, los expertos expusieron con preocupación el impacto que los procesos burocráticos y los retrasos en la entrega de permisos están teniendo en la economía del país.
Uno de ellos fue Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero, quien afirmó que, si bien la actual estructura institucional es adecuada, la Oficina de Evaluación de Permisos, aunque pequeña, debe contar con suficiente autoridad para hacer seguimiento constante a los proyectos y mantener un control efectivo, incluso sin la facultad de aplicar sanciones. “Aunque no se apliquen multas, la idea es que las iniciativas deben estar siendo supervisadas constantemente”, explicó Urenda.
El complejo panorama del sector de la construcción
Otro de los sectores particularmente afectados por esta realidad es el de la construcción. Por ello, Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), alertó sobre una profunda crisis en el rubro, destacando que en los últimos 33 años el promedio de metros cuadrados autorizados para proyectos de construcción ha caído drásticamente. Según cifras de la CChC, mientras que en años anteriores el sector manejaba permisos por un promedio de 14 millones de metros cuadrados anuales, para 2024 esa cifra se reducirá a solo 7 millones de metros cuadrados, es decir, una caída del 50%.
“Este año, la cantidad de permisos en la construcción es la más baja que hemos registrado en décadas. Si no se toman medidas, las consecuencias para la industria serán graves en los próximos años”, afirmó Echavarría, quien señaló que esta caída en los permisos es inédita y refleja el impacto de la burocracia sobre un sector clave de la economía.
Con el objetivo de mitigar esta crisis, el gremio propuso que la reforma incluya medidas que agilicen los procesos de permisos, como la mayor utilización de “técnicas habilitantes alternativas” que permitirían la evaluación de proyectos de manera más flexible, ajustándose al riesgo real de cada iniciativa.
Además, sugirieron modificar las sanciones a los funcionarios encargados de los permisos, sustituyendo dichos castigos por porcentajes en su remuneración mensual en caso que se retrasen en su trabajo. No obstante, el temor es que podría ser un incentivo a que se desestimen proyectos desde el inicio.
Sobre este último punto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, ha manifestado que no necesariamente debe existir sanción monetaria a los funcionarios. “Bastaría con dotar a la oficina que regirá este sistema de facultades amplias para poder dar instrucciones, instruir gestiones específicas, y el sistema en general de administración del Estado debiera ser suficiente”, dijo el dirigente gremial.
El desafío de los permisos municipales
Walmart también se hizo presente en el debate y expuso sobre los desafíos que enfrentan en el ámbito municipal para obtener permisos. El gerente inmobiliario de la compañía, Joaquín Prieto, señaló que la variabilidad en los tiempos de respuesta de los municipios es un problema serio.
En algunos casos, la recepción final de los permisos demoró hasta 68 días, mientras que en otros apenas se tardaron 6 días. Este desfase en los tiempos de tramitación de permisos ha sido especialmente notorio en los permisos de edificación, que pueden tomar hasta 225 días para una obra menor.
En esta misma línea, Prieto destacó la falta de estandarización en los procesos y la escasez de recursos en las Direcciones de Obras Municipales como las principales causas de estos retrasos. A modo de ejemplo, Walmart detalló que entre 2019 y 2024 ha tramitado permisos para abrir 75 locales en el país, de los cuales 13 han sufrido retrasos significativos. Tales contratiempos han impedido la ejecución de inversiones por un total de US$150 millones, que aún están pendientes debido a la falta de autorizaciones.