Sergio Hernández instó a resolver esta situación. “Es necesario que los políticos actúen con urgencia para crear un marco legal claro y eficiente, que permita que los proyectos se desarrollen en los tiempos adecuados y no pierdan su atractivo”, destacó la autoridad de la gremial minera.
Considerando el relevante portafolio minero que se proyecta para los próximos 10 años, la minería chilena se enfrenta a una oportunidad de crecimiento significativa, especialmente en términos de inversión. Sin embargo, esta dinámica también trae consigo desafíos cruciales, sobre todo en lo que respecta a la permisología y la gestión de trámites para poder concretar dichas iniciativas productivas.
En entrevista con Reporte Minero, Sergio Hernández, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN), abordó estos aspectos y comentó que, si bien la reciente inversión proyectada por Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) aumenta en 10 mil millones de dólares respecto al año anterior, la producción de cobre en Chile se verá afectada, con una disminución de 200 mil toneladas de cobre fino, un escenario que genera preocupaciones sobre el futuro del país como principal productor mundial de este mineral.
Al respecto, Hernández destacó que el cambio en la metodología de Cochilco, que pone énfasis en proyectos de mantención y expansión, más que en nuevas operaciones, refleja una postura conservadora que podría limitar el potencial de crecimiento. En su opinión, a pesar de esta disminución que se prevé en la producción, la demanda mundial de cobre impulsada por la transición energética ha motivado a que otros países, como Argentina, Perú y el Congo, estén avanzando rápidamente con nuevas operaciones productivas, lo que puede hacer perder terreno a Chile en el mercado global.
En este contexto, los contratos tienden a centrarse en proyectos de expansión y mantención, lo que para el sector de proveedores sigue representando una buena noticia. No obstante, el impacto para el país sería considerable, ya que una menor producción de cobre se traduce en una base imponible más baja, afectando los ingresos por impuestos y royalties.
Un “loop” eterno
Otro de los puntos más críticos para Hernández es la permisología, un aspecto que considera desmesuradamente complejo en Chile en comparación con otros países. “La tramitación de permisos está demorando de manera irracional el desarrollo y la ejecución de los proyectos”, señaló el dirigente gremial, haciendo un llamado urgente a simplificar los trámites y a fomentar una mayor claridad en las reglas de inversión.
En este sentido, el ejecutivo resaltó la importancia de que retorne el DL600 a Chile, el cual fue adoptado por Argentina, como una medida para facilitar la inversión y el crecimiento del sector. Frente a ello, el director ejecutivo de APRIMIN advierte el grave problema institucional que enfrenta Chile, ejemplificado con el caso del proyecto Dominga, donde la judicialización y la intervención de múltiples actores como los Tribunales Ambientales, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y las comunidades, están generando un “loop eterno” que retrasa los permisos y la implementación de los proyectos. “La burocracia ambiental está ralentizando el desarrollo y creando un ciclo vicioso que afecta la competitividad del país”, afirmó.
Con estas reflexiones, Sergio Hernández instó a resolver los problemas relacionados con la permisología y la política minera en el país. “Es necesario que los políticos actúen con urgencia para crear un marco legal claro y eficiente, que permita que los proyectos se desarrollen en los tiempos adecuados y no pierdan su atractivo”, concluyó.