El abogado constitucionalista calificó como un hecho “inédito desde el retorno a la democracia (en 1990), que un ente integrado por nada menos que seis ministros de Estado haya incumplido una orden judicial precisa y determinada de un tribunal de la República”.
Sigue la guerrilla judicial por Dominga. Luego que Andes Iron arremetiera contra la resolución del Comité de Ministros que significó el tercer rechazo en dicha instancia al proyecto portuario-minero que busca producir hierro y cobre en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, la empresa -ligada a la familia Délano- presentó un nuevo informe en derecho ante el Primer Tribunal Ambiental (1TA).
Esta vez, se trató de un documento elaborado por el abogado constitucionalista Javier Couso, que estuvo enfocado en “la buena fe de la administración”. El informe fue acompañado a través de un nuevo escrito presentado por la defensa de la empresa, que encabezan los abogados de FerradaNehme, Carola Salamanca y Patricio Leyton, en el cual enfatizan que “la Administración insiste en promover el loop interminable de judicialización ambiental, ignorando la fuerza obligatoria de las sentencias de este I. Tribunal Ambiental”.
El informe de Couso critica en duros términos el actual que ha tenido el gobierno, a través del Comité de Ministros y de su secretaría técnica, encabezada por la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán. En ese sentido, el abogado calificó como un hecho “inédito desde el retorno a la democracia (en 1990), que un ente integrado por nada menos que seis ministros de Estado haya incumplido una orden judicial precisa y determinada de un tribunal de la República”.
Agregó que “resulta inexplicable que el Comité haya esperado dos semanas para reunirse a analizar los alcances de un fallo que disponía prominentemente un plazo perentorio de sólo 15 días hábiles para dictar una resolución que (como era de conocimiento público) debía ser expedida con una integración de ministros no inhabilitados”.
En su análisis, Couso remarcó que “la situación imposible en que se puso el Comité fue el resultado de sus propias acciones (y omisiones), y no de una contingencia imprevisible”. Según expone en su informe, de 36 páginas, “el Comité de Ministros dejó, motu propio, transcurrir dos tercios del plazo total que le había fijado el Primer Tribunal Ambiental antes de reunirse por primera vez y advertir, a esas alturas, que la sentencia obligaba a todos sus integrantes a inhabilitarse, poniéndose así en la situación de arriesgar el incumplimiento del plazo que se les había fijado por el órgano jurisdiccional”.
Así, el abogado recuerda que, tras la decisión de los titulares del Comité de Ministros, y “complicando más las cosas (…) el SEA (en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Ministros) dejó pasar otros 3 días corridos adicionales para –recién el 26 de diciembre de 2024— hacer una presentación a la Contraloría General de la República”, para definir las subrogaciones.
En esa línea, el informe además tilda de “actitud poco diligente” el actuar del Comité de Ministros, refutando declaraciones emitidas por Maximiliano Proaño, ministro (s) de Medio Ambiente, que defendió que el gobierno estaba cumpliendo de “buena fe” la orden del Primer Tribunal Ambiental.
A juicio de Couso, “lo que transpira es la voluntad de ampararse en errores propios para justificar un grave incumplimiento, en clara transgresión del principio de buena fe”.
Couso ataca además directamente uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno, que decidió consultar a Contraloría por las reglas de subrogación de los miembros titulares del Comité, luego que los secretarios de Estado decidieron inhabilitarse el 23 de diciembre. En ese sentido, plantea que “no puede dejar de anotarse la manifiesta falta de buena fe que implica excusar –aunque sea implícitamente— el incumplimiento de una orden judicial en la ignorancia o incerteza respecto del sentido de la legislación vigente respecto de las reglas de subrogación por parte de un órgano integrado por seis ministros de Estado (ignorancia del derecho público vigente que habría forzado al Comité de Ministros a esperar pacientemente un dictamen de la Contraloría General de la República antes de actuar conforme a lo ordenado por el Primer Tribunal Ambiental)”.
En esa línea, agrega que “resulta inaudito que se insinúe que un Comité de Ministros dotado de la asesoría de una ‘legión’ de abogados con expertise en derecho administrativo falte a su deber constitucional de cumplir estrictamente con las resoluciones judiciales con el pretexto de ignorar las reglas de subrogación de sus ministerios”.
Más adelante, el informe recuerda que, en un escrito presentado por el gobierno el pasado 14 de enero “se reconoció el incumplimiento del plazo ordenado por el Primer Tribunal Ambiental para dictar una nueva resolución”, cosa que calificó como ” sano para el Estado de Derecho chileno”, igualmente descartó que los argumentos señalados para justificar el incumplimiento del plazo “reiteran la falta de buena fe que se espera de un órgano de la administración, puesto que vuelve a declarar que el incumplimiento no es imputable al Comité, a pesar de que fue el resultado de sus propias omisiones y retrasos (…) en una actitud propia de un ligante mañoso, y no el actuar decoroso, imparcial y objetivo que se espera de un ente ejerciendo funciones cuasi-judiciales”.
Además, apuntó también en contra del contenido de la nueva resolución que rechazó Dominga, señalando que “un análisis preliminar (…) refleja que éste parece haber actuado nuevamente sin la buena fe exigible a un órgano de la administración”, por cuanto se esgrimieron materias recurridas “que pudieron no ser abordadas en dichas sentencias ni habían sido resueltas por el Comité de Ministros del año 2023″.
“La pregunta que queda pendiente es qué explica que este último no se haya pronunciado respecto de ellas, especialmente cuando –vale la pena insistir—eran objeciones tan relevantes que en enero de 2025 fueron cruciales en el rechazo del proyecto”, subrayó.