Expertos llaman a focalizar esfuerzos en los permisos críticos para agilizar inversiones

Mientras el Senado discute el proyecto de ley de permisos inteligentes, especialistas advierten que reducir los tiempos de tramitación pasa por intervenir los permisos más lentos del sistema. Un estudio global también confirma que el desafío no es exclusivo de Chile.

 

Los extensos plazos de tramitación para concretar proyectos de inversión no son un fenómeno nuevo ni exclusivo de Chile. Sin embargo, su impacto sobre la competitividad nacional y el crecimiento económico es cada vez más difícil de ignorar, por lo que algunos actores ya se han pronunciado acerca de esta realidad.

 

Cristián Romero, director jurídico de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, aporta al debate al señalar que, si bien el país busca avanzar con eficacia, no basta con anhelar la reducción de la permisología en general. “Debemos identificar y acortar los permisos que realmente definen los tiempos del proceso, aquellos que marcan la llamada ruta crítica de los proyectos”, indica el experto a través de una columna de opinión publicada por El Mercurio.

 

Desde su punto de vista, el concepto es claro: así como en una línea de producción el tiempo total está determinado por la etapa más lenta, en los proyectos de inversión los permisos más demorados definen la duración completa de cada fase, por lo que invertir esfuerzos en simplificar trámites rápidos no disminuye los plazos si no se actúa sobre los cuellos de botella.

 

Atacar el problema: permisos complejos

 

De los más de 300 permisos que puede requerir un proyecto en Chile, el director jurídico de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad plantea que alrededor de 30 concentran el mayor impacto en los tiempos de tramitación. En este grupo se encuentran las concesiones marítimas y de uso oneroso, permisos de CONAF, del Consejo de Monumentos Nacionales, de la Dirección General de Aguas, Sernageomin y la Resolución de Calificación Ambiental. “Son estos los que hacen que incluso proyectos simples se demoren más de cinco años en aprobarse, y los complejos más de una década”, dice Romero.

 

Por su parte, Gabriel Weintraub, profesor titular en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, lo ejemplifica con una analogía: “es como si en una cocina industrial se intentara reducir el tiempo total de una receta invirtiendo recursos en la parte que ya se hace más rápido. Si se toma esa decisión, lo más probable es que fracase. Lo mismo pasa en política pública, es decir, agilizar trámites que no son el cuello de botella no cambia el resultado. Si no se priorizan los permisos más lentos, el impacto será limitado”. El análisis se enmarca en el reciente avance en el Senado del proyecto de ley de permisos inteligentes, impulsado por el Ministerio de Economía, cuya iniciativa busca digitalizar procesos y mejorar la eficiencia.

 

Industria minera afectada

 

El sector minero es uno de los que más ha sufrido el fenómeno de la permisología. Según el reporte de S&P Global (2024) titulado “Mine development times: The US in perspective”, los permisos figuran como uno de los 16 factores clave para el desarrollo de proyectos mineros, siendo particularmente relevantes a la hora de evaluar el tiempo transcurrido entre el descubrimiento de los yacimientos y el inicio de las operaciones.

 

Considerando los 268 proyectos mineros estudiados por la consultora a nivel mundial, el tiempo promedio entre ambos hitos es de 15,7 años. En el caso específico del cobre el promedio se eleva a 16,2 años, y aunque Chile no encabeza el ranking, tampoco quedó exento. Se ubica en la mitad de la tabla ligeramente por debajo del promedio global, con casos donde proyectos relativamente simples enfrentan muchos años de tramitación, y los complejos superan los 10 años.

 

Frente a ello, para ambos expertos este escenario impone un desafío más estructural. “En un contexto de recursos limitados, priorizar los permisos más críticos puede marcar la diferencia entre una inversión que se concreta y una que nunca despega. Es en ellos donde Chile se está jugando su competitividad, y de no hacerlo, el país reprobará el examen de eficiencia del Estado”, concluyen tanto Cristián Romero como Gabriel Weintraub.