2024 marcó el nuevo royalty minero en Chile, con una recaudación total que superó los US$1.550 millones, por encima de los US$1.350 millones proyectados. De esta suma, el 90% provino de solo tres operaciones: Minera Escondida (US$839 millones), Collahuasi (US$363 millones) y Los Pelambres (US$196 millones), lo que refleja una alta dependencia fiscal de pocas faenas.
Este esquema tributario reemplazó el anterior IEAM, aplicando tasas progresivas entre el 0,4% y el 26% según producción y márgenes, impactando especialmente a Escondida, cuya tasa subió de 5,75% a 17,11%, y que aumentó su producción a 1,24 millones de toneladas.
La implementación y sus desafíos
El documento oficial del Gobierno de Chile (enero de 2025) detalla que el royalty incluye dos fondos principales: el Fondo de Equidad Territorial (FET) y el Fondo de Comunas Mineras (FCMI). En 2024 se aplicó un Fondo Puente, inyectando $93.646 millones a 307 comunas, con promedios de $235 millones por comuna (FET) y $532 millones por comuna (FCMI).
Sin embargo, el cumplimiento municipal fue dispar: solo el 53,4% de las comunas reportaron sus gastos y apenas el 22%abrió una cuenta corriente exclusiva, como exige la normativa.
Avances para 2025
El documento oficial proyecta para 2025 una distribución aún mayor: $218.000 millones en total, de los cuales $166.000 millones corresponden al FET y $53.000 millones al FCMI, a pagarse en cuatro cuotas (enero, marzo, julio y septiembre). Los fondos serán de libre disposición, pero su traspaso estará condicionado a la reportabilidad de 2024.
Además, el acceso al FCMI se definió con criterios estrictos, considerando el impacto minero en cada comuna: número y tipo de yacimientos, presencia de fundiciones y relaves, emisiones, zonas saturadas, y existencia de puertos con actividad minera.
Según datos revisados, Puente Alto fue la comuna que más recibió con $3.220 millones, mientras que Río Verde, en Magallanes, apenas $118 millones. Regiones mineras como Antofagasta y Atacama lideraron las asignaciones, destacando comunas como Calama, Tierra Amarilla y Copiapó. El contraste con comunas no mineras revela una desigualdad estructural en la distribución.
Proyectos y usos concretos
El informe también destaca casos específicos de uso de los fondos: becas para estudiantes, compra de vehículos de seguridad en Lanco, reposición de veredas en Lo Prado, infraestructura de bomberos en Puente Alto, y proyectos de agua potable e innovación en San Juan de la Costa.
El royalty minero se perfila como una fuente clave para el financiamiento fiscal y el desarrollo local, pero enfrenta retos: alta concentración en pocas minas, brechas en la gestión municipal, y la necesidad de un uso transparente y eficiente. Expertos como Claudio Valencia enfatizó a La Tercera que la competitividad y la legitimidad social del sector dependerán de cómo se gestione esta riqueza y de si logra diversificar el impacto más allá de las grandes operaciones.
Fuente: Reporte Minero