Más allá del cumplimiento normativo, profesionales coinciden en que los proyectos extractivos están adoptando herramientas avanzadas de monitoreo, planificación territorial y restauración ecológica para responsabilizarse de sus pasivos ambientales y evitar nuevos deterioros.
Al mismo tiempo, el vínculo temprano con comunidades locales ha demostrado ser clave en la validación de estas iniciativas.
Bajo este nuevo enfoque, la industria minera da señales de un cambio estructural, impulsando una operación más transparente, innovadora y alineada con estándares internacionales de responsabilidad ambiental.
Al respecto, Iván Honorato, gerente general de Ecos Chile, precisó que “el involucramiento temprano de las comunidades es fundamental, ya que permite generar espacios de diálogo informados, donde las distintas partes involucradas pueden comprender la magnitud del problema y las formas de abordarlo. Este tipo de actividades incluye desde talleres participativos hasta mecanismos de monitoreo ciudadano”.
Asimismo, Honorato afirmó que “incorporar las inquietudes locales no solo mejora la aceptación de los proyectos, sino que también permite diseñar soluciones con mayor pertinencia territorial. Esto genera confianza y legitimidad en los procesos de remediación, lo que a su vez facilita la relación con la autoridad reguladora. Una comunidad informada reduce la posibilidad de denuncias ante los organismos fiscalizadores, permitiendo enfocar los esfuerzos en alcanzar los objetivos del proceso de remediación”.
A su vez, Carla Peña, gerente general de Yastay Consultores, comentó que “cuando la vinculación comunitaria ocurre desde el inicio, desde la etapa conceptual del proyecto, las comunidades se sienten valoradas. Así se construye una relación sólida, que permite crecer en conjunto y mejorar los proyectos de inversión”.
Peña añade que “la mirada local es siempre clave para determinar las mejores alternativas territoriales, considerando la sensibilidad espacial y comunitaria”.
En esa línea, Christian Peralta, gerente Técnico de MyMA, enfatizó que “lo recomendable es que la relación con la comunidad local sea continua y comience desde el inicio de la operación. Así ambas partes pueden construir espacios de confianza y legitimación mutua”.
Peralta agregó que “durante la etapa operativa de la mina se deben abordar las inquietudes de la comunidad y facilitar su participación en el diseño del plan de remediación. De este modo, el plan atiende sus principales preocupaciones. Finalmente, durante la fase de seguimiento del plan, se puede establecer un modelo de monitoreo participativo”.
Normativas para la ejecución de un plan de remediación ambiental
Para Carla Peña, uno de los principales desafíos técnicos radica en la desconexión entre el diseño y la ejecución. “A menudo, las medidas de remediación son formuladas por equipos consultores durante la evaluación ambiental, pero luego son ejecutadas por otros equipos, que no siempre logran ajustarlas adecuadamente al sitio o ecosistema específico. Es común encontrar medidas diseñadas para bosques del sur aplicadas en proyectos situados en ecosistemas desérticos, por ejemplo”, contó.
Luego, en lo referido a la ejecución, Peña añadió que “siempre hay desafíos relacionados con los recursos disponibles: agua, suelo adecuado, personal capacitado, el calendario de ejecución ambiental y los permisos, que deben sincronizarse con los tiempos de construcción y operación del proyecto. Este es uno de los mayores retos tanto para los equipos de medio ambiente como para los de construcción, ya que la remediación de biodiversidad implica el manejo de seres vivos, los cuales no siempre se ajustan al cronograma de las ingenierías del proyecto”.
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Fuente: MCH