El socio de SCL&B Abogados, Daniel Weinstein, advierte que la judicialización de iniciativas mineras compromete inversiones, cronogramas y continuidad operacional. A su juicio, la falta de plazos predecibles para resolver controversias eleva la incertidumbre y puede afectar la competitividad de Chile frente a otros destinos de inversión.
La judicialización de proyectos mineros se ha convertido en un factor de incertidumbre para el desarrollo de nuevas inversiones y la continuidad operacional de yacimientos en Chile. Sus efectos, sin embargo, van mucho más allá de los costos asociados a los procedimientos judiciales: también pueden comprometer financiamiento, contratos, contratación de personal y los ingresos proyectados por las compañías.
Así lo plantea Daniel Weinstein, socio de SCL&B Abogados, en una entrevista con el portal Electrominería, donde advierte que las controversias relacionadas con los permisos ambientales pueden generar consecuencias financieras significativas, incluso cuando las empresas obtienen finalmente una sentencia favorable. “Por eso, el costo es mucho mayor que los gastos del juicio, incluso si finalmente se obtiene una sentencia favorable”, sostiene el abogado, al referirse al impacto económico que enfrentan las compañías cuando sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) son impugnadas ante los tribunales.
Según explica, la postergación de un proyecto puede obligar a las empresas a seguir pagando intereses, personal y contratos, mientras se retrasan los ingresos previstos para financiar esas obligaciones. A ello se suman los costos de detener y posteriormente reactivar las obras, la reprogramación de entregas de equipos y los eventuales cambios en las condiciones de financiamiento.
El impacto adquiere especial relevancia en la gran minería, donde las iniciativas requieren coordinar inversiones de gran escala, cientos de contratos, financiamiento y contratación de trabajadores. Además, Weinstein advierte que no todos los proyectos corresponden a nuevas operaciones: muchas inversiones son indispensables para asegurar la continuidad de minas existentes.
“En esos casos, el retraso puede comprometer producción que ya estaba prevista”, señala. Una situación que, agrega, también influye cuando las compañías comparan las oportunidades de inversión en Chile con alternativas disponibles en otras jurisdicciones internacionales.
Plazos judiciales y certeza para invertir
Uno de los principales problemas identificados en la entrevista en Electrominería por el abogado es la falta de previsibilidad respecto de los tiempos que puede tomar la resolución definitiva de una controversia. Esta situación dificulta la planificación de las inversiones, ya que las compañías no cuentan con una fecha confiable para determinar cuándo podrán superar la incertidumbre judicial.
“Hoy es difícil incorporar al calendario de un proyecto una fecha confiable de término del litigio”, afirma Weinstein. En ese escenario, las empresas deben optar entre esperar la resolución del conflicto o continuar invirtiendo bajo el riesgo de que el permiso ambiental sea anulado o deba revisarse.
Respecto de los tiempos de tramitación, el socio de SCL&B Abogados cita antecedentes del informe de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) sobre proyectos de inversión, según el cual los procedimientos ante los Tribunales Ambientales demoran, en promedio, más de un año, mientras que una eventual revisión posterior ante la Corte Suprema agrega otro periodo similar.
“Necesitamos reducir el tiempo total hasta obtener una decisión definitiva”, enfatiza, precisando que el desafío no se limita a agilizar el funcionamiento de los Tribunales Ambientales, sino que requiere abordar el conjunto de las instancias administrativas y judiciales involucradas.
Cambios institucionales para reducir la incertidumbre
En materia regulatoria, Weinstein considera necesario revisar las reglas sobre legitimación activa, las causales de reclamación y los plazos para impugnar decisiones ambientales. A su juicio, una modificación aislada de quiénes pueden recurrir no resolvería el problema si una misma decisión continúa expuesta a cuestionamientos por distintas vías. “Quienes puedan verse afectados deben tener una oportunidad efectiva de reclamar, y el titular también necesita saber cuándo termina esa discusión”, plantea.
En ese contexto, menciona los cambios introducidos por la Ley N.º 21.850, de Reconstrucción, en estas materias, cuya efectividad deberá evaluarse para determinar si contribuyen a reducir la incertidumbre y otorgar mayor estabilidad a las decisiones ambientales. El abogado también apunta a la necesidad de acotar las vías y los plazos de impugnación, además de evitar que las correcciones exigidas por una sentencia terminen reabriendo aspectos del proyecto que no están directamente relacionados con el defecto identificado. “Si un fallo exige corregir un aspecto de la evaluación, esa corrección debiera concentrarse en el defecto identificado, sin reabrir innecesariamente una parte mayor a la estrictamente necesaria del proyecto”, sostiene.
Diferenciar entre reclamaciones legítimas y abusos
Otro de los flancos que aborda Weinstein en su entrevista con el portal Electrominería es la utilización estratégica de recursos judiciales por parte de terceros, particularmente cuando la prolongación de una controversia puede mantener una inversión en incertidumbre durante años.
Para enfrentar esta situación, propone resolver oportunamente la admisibilidad de las reclamaciones, determinar si corresponde suspender las obras y establecer si efectivamente existe la ilegalidad alegada. Asimismo, considera relevante aplicar las costas cuando corresponda.
No obstante, advierte que las medidas deben permitir distinguir entre el ejercicio legítimo del derecho a reclamar y las actuaciones abusivas.
Para Weinstein, el objetivo debe ser compatibilizar el derecho a reclamar con reglas que permitan a las compañías planificar sus proyectos y conocer oportunamente el resultado definitivo de las controversias.