Estudio advierte sobre posibles protestas en zonas mineras si el gobierno acelera proyectos de cobre que afectan comunidades rurales con histórico rechazo electoral.
La estrategia acelerada de inversión minera que planea impulsar la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, desde su asunción el 28 de julio, enfrenta un escenario de alta conflictividad social en territorios productores, según advierte un estudio del Observatorio de Conflictos Mineros de Perú divulgado esta semana.
El análisis señala que la mayoría de las principales regiones mineras del país votaron en contra de Fujimori en las elecciones, lo que incrementa el riesgo de tensiones si su gobierno acelera la aprobación de proyectos sin gestionar adecuadamente el rechazo comunitario y las preocupaciones ambientales.
Perú es el tercer productor mundial de cobre y concentra aproximadamente 64 mil millones de dólares en inversiones mineras planificadas, muchas de ellas localizadas en regiones rurales empobrecidas donde las comunidades locales reportan beneficios limitados e incremento de preocupaciones por degradación ambiental.
Proyectos en la mira: Tía María y Río Blanco
El proyecto Tía María de Southern Copper (NYSE: SCCO), con una inversión de 1.800 millones de dólares y aprobado para iniciar operaciones en 2027, figura como uno de los principales focos de potencial conflictividad, según David Velazco, defensor ambiental de la organización local Fedepaz.
Velazco también identificó posibles tensiones alrededor de Río Blanco, proyecto de cobre de la empresa china Zijin, que enfrenta resistencia comunitaria histórica en la región.
Promesas de redistribución y medidas aceleradoras
Fujimori ha comprometido acelerar la inversión minera mediante un sistema de aprobación rápida e incentivos tributarios. También propuso que 40% de los ingresos mineros se destinen a poblaciones locales, medida que busca reducir tensiones pero que requiere implementación clara para generar credibilidad.
La minería representa más del 60% de las exportaciones peruanas, lo que hace crítica su continuidad para la economía nacional. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha documentado cerca de 200 conflictos sociales activos, de los cuales 64 están vinculados a disputas mineras y ambientales.
Southern Copper y Zijin no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios sobre el análisis del Observatorio.
Fuente: Reporte minero