La liquidación voluntaria de OHL Industrial Chile —filial local del grupo español OHLA— encendió alertas en el mercado de contratistas y proveedores vinculados a la minería, ante la posibilidad de facturas impagas, cobros judiciales y un eventual efecto dominó sobre subcontratos de servicios industriales.
La compañía ingresó su solicitud ante el 4° Juzgado Civil de Santiago, reportando pasivos por $21.086 millones al cierre de 2025, en medio de un escenario de deterioro financiero y falta de liquidez que, según el escrito presentado, se habría agravado por obligaciones con proveedores, deudas con partes relacionadas y contingencias judiciales.
El “punto rojo”: conflicto por contrato minero y laudo arbitral
Uno de los elementos que concentra mayor atención en la industria es la situación con Syncore Montajes, identificada como un acreedor relevante dentro del proceso.
De acuerdo con información a la que accedió Reporte Minero y Energético, OHL Industrial Chile fue condenada a pagar $15.647 millones, más intereses, a Syncore, por el incumplimiento de un contrato asociado a la ampliación de la planta de sulfuros de Mantos Blancos.
En la misma línea, Syncore comunicó públicamente que su posición como acreedor está respaldada por un laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de Santiago, ejecutoriado desde 2021, por incumplimientos contractuales vinculados a un proyecto del sector.
Según dicho laudo, tras revisar el peritaje y recalcular horas-hombre y gastos generales, el tribunal fijó en US$ 8.020.022 el perjuicio causado por el atraso imputable a OHLI, en aquellas áreas donde fue considerada la única responsable.
Por qué esto inquieta a la cadena minera
Fuentes del ecosistema proveedor suelen observar este tipo de procesos por sus implicancias prácticas: cuando un contratista industrial entra en liquidación, se tensionan rubros como montajes, mantenciones, servicios mecánicos, obras eléctricas, logística y arriendo de equipos, donde la continuidad operacional depende, en gran medida, del flujo de pagos y de la vigencia de las órdenes de compra.
Además, el caso ocurre en un momento en que la industria busca reducir riesgos en la cadena de suministro, en un contexto donde muchos proveedores operan con capital de trabajo acotado y alta exposición a plazos de pago extendidos.
Qué viene ahora en el proceso
Bajo la Ley 20.720, sobre reorganización y liquidación de empresas y personas, la liquidación voluntaria abre una serie de etapas clave: la designación de un liquidador, el inventario de activos y la verificación de créditos por parte de los acreedores ante el tribunal y dentro del sistema concursal.
Para el mercado, el foco inmediato estará puesto en cómo se reconocen las acreencias, qué margen real existe para recuperar montos adeudados y si corresponde activar mecanismos contractuales —como garantías o retenciones— en los casos en que resulte aplicable, especialmente dentro de redes de subcontratación asociadas a obras industriales.
Fuente Reporte Minero