Argentina se encamina a una votación clave sobre su régimen ambiental en zonas de alta montaña. El Senado debatirá una reforma a la Ley de Glaciares de 2010 que podría flexibilizar la protección vigente sobre glaciares y ambientes periglaciares, en una jugada alineada con la estrategia del presidente Javier Milei para destrabar inversiones mineras por miles de millones de dólares.
La norma actual establece que todos los glaciares identificados por el inventario nacional quedan automáticamente protegidos bajo estándares ambientales mínimos, lo que restringe actividades como la minería, la exploración petrolera y obras de infraestructura en esas áreas. El proyecto en discusión cambiaría ese criterio y permitiría que cada provincia defina sus propios estándares de protección, tanto para glaciares como para ambientes periglaciares, formaciones de hielo de altura clave para las reservas de agua dulce.
Qué cambia con la reforma a la Ley de Glaciares
El corazón del debate está en el traspaso de autoridad. En vez de una protección uniforme definida a nivel nacional, la propuesta habilitaría a las provincias a decidir qué zonas deben resguardarse y bajo qué criterios. Sus defensores sostienen que esto se ajusta al principio constitucional argentino que reconoce a las provincias la propiedad de sus recursos naturales.
Para el oficialismo y parte del sector minero, la reforma apunta a eliminar interpretaciones que consideran excesivamente restrictivas y que, según esa visión, han frenado proyectos y dificultado la planificación de inversiones en cobre, oro y otros minerales críticos. La iniciativa se alinea además con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales apuestas del gobierno de Milei para atraer capital de largo plazo.
Minería, agua y conflicto territorial
La discusión ha dejado en evidencia una fuerte fractura entre provincias con vocación minera y organizaciones ambientalistas. Gobernadores y líderes provinciales favorables al desarrollo de nuevos proyectos consideran que una mayor autonomía podría acelerar inversiones en la cordillera, especialmente en regiones con fuerte potencial en cobre.
En la otra vereda, organizaciones ambientales advierten que el cambio debilitaría una base mínima y homogénea de protección para fuentes hídricas estratégicas. Más de 30 grupos cuestionaron la reforma y alertaron que prioriza intereses económicos por sobre objetivos de conservación. También remarcan que los ambientes periglaciares cumplen un rol crítico en el almacenamiento y regulación del agua en zonas áridas.
El tema también genera inquietud en actividades que dependen directamente del deshielo andino. En provincias como Mendoza, donde conviven el avance minero y una economía fuertemente ligada al vino, cualquier modificación regulatoria toca un punto sensible: la seguridad hídrica de sectores productivos tradicionales. La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) informó que está revisando el alcance de la reforma.
Un debate especialmente sensible para las provincias andinas
La distribución geográfica de los glaciares explica buena parte de la tensión. Reuters reportó que la mayor concentración se encuentra en Santa Cruz, mientras que Mendoza reúne cerca de 20% y San Juan alrededor de 10%, esta última una provincia clave para varios de los principales proyectos cupríferos del país.
Por eso, la eventual flexibilización de la ley tiene implicancias directas para el futuro de la cartera minera argentina. En la práctica, la reforma podría reducir restricciones sobre áreas de alta montaña donde se proyectan inversiones vinculadas al nuevo ciclo de minerales críticos, justo cuando Argentina busca posicionarse con más fuerza en cobre y litio. Esto es una inferencia a partir del enfoque del proyecto y del impulso oficial al RIGI.
Ambientalistas hablan de riesgo irreversible
El rechazo social también ha tomado fuerza. Según Reuters, en Mendoza se realizaron 34 protestas en defensa del agua durante 2025, reflejando que el tema tiene un alto costo político y territorial. Uno de los cuestionamientos más duros vino del especialista en gestión ambiental Eduardo Sosa, exfuncionario de la Secretaría de Ambiente mendocina, quien calificó la reforma como “un verdadero ecocidio”.
Los críticos advierten que una flexibilización en zonas glaciares y periglaciares podría exponer a comunidades enteras al riesgo de accidentes o impactos irreversibles sobre ecosistemas de montaña, con efectos sobre la disponibilidad de agua y sobre otras actividades económicas dependientes de ese recurso.
Qué viene ahora en el Congreso argentino
Si el Senado aprueba la reforma, el proyecto deberá pasar a la Cámara de Diputados para una nueva votación. El escenario legislativo sigue abierto, ya que el oficialismo de Milei no cuenta con mayoría propia en ninguna de las dos cámaras, lo que anticipa una negociación compleja y un desenlace incierto.
Más allá del resultado inmediato, la discusión ya instaló un debate de fondo para Argentina y para toda la región andina: cómo compatibilizar la urgencia de atraer inversión minera con la protección de glaciares, reservas estratégicas de agua y ecosistemas de alta montaña.
Fuente Reporte Minero