“Le he planteado a los ministros que se debe fortalecer la institucionalidad ambiental, pero a la vez disminuir los plazos, porque la reforma no es un éxito si no bajan los plazos, porque en Chile esto se ha constituido en un cuello de botella”.
Las palabras corresponden a declaraciones recientes del Presidente Gabriel Boric quien, incluso, fue más allá: “Hoy en Chile nos estamos quedando atrás porque nuestro sistema de permisos es incoherente, es irracional”.
Desde el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), valoramos la declaración del Mandatario, porque se trata de un tema en el que hemos venido levantando alertas desde hace un buen tiempo. Sin ir más lejos, durante el primer semestre presentamos un informe que indica que los proyectos de inversión de la Gran Minería están tardando 4,3 años más de lo previsto en concretarse, y con un aumento de costos de 65%.
El tema de la llamada “permisología” y cómo está afectando a la principal actividad de Chile, la minería, ha sido durante la última semana uno de los temas de análisis a miles de kilómetros, en Shanghai, donde nos hemos encontrado en la última edición de la Asia Copper Week, evento organizado por CESCO y la Asociación de Industria No Ferrosa de China (CNIA). Este año el gran debate ha sido la dificultad que ha tenido la industria minera para concretar el enorme potencial que representa la llamada transición energética. La propia ministra de Minería, Aurora Williams, en cada una de sus intervenciones en las distintas actividades de la semana en China, ha mencionado el compromiso del gobierno del Presidente Boric en la reducción de los tiempos y en las mejoras de eficiencia administrativa.
¿China? ¿Chile? Sí, en el contexto del principal demandante de cobre a nivel mundial, China, se está discutiendo si Chile, como principal productor de cobre, será capaz de proveer los minerales necesarios para avanzar hacia las energías limpias.
Lo cierto es que la creciente complejidad para la obtención de permisos, lo que traba el desarrollo de la actividad, ha llevado a las compañías mineras a buscar estrategias de crecimiento diferentes, dentro de las que está la búsqueda de nuevos distritos mineros, lo que se trataría de un golpe importante a la línea de flotación de los países con mayor tradición minera, como Chile.
Si bien el tema de la obtención de la licencia social y legal para operar es reconocido como un tema global, en el caso de nuestro país, el problema de la obtención de permisos se ha vuelto tan complejo que, la capacidad de concretar nuevos proyectos es un factor relevante en el estancamiento que enfrenta la minería y que se traslada a un estancamiento de la economía del país, considerando la importancia clave de la minería en el desarrollo de nuestra economía.
En este contexto, se valora mucho que el propio Presidente de la República haya hecho esta dura crítica a la eficiencia de nuestro sistema de permisos y haya asumido públicamente responsabilidades al respecto. Concretamente, sabemos que el Ministerio de Economía tiene la tarea de coordinar a más de 30 servicios para presentar ante el Congreso un proyecto de ley para reducir los trámites para la obtención de permisos sectoriales no ambientales, el cual sería enviado este año. Asimismo, también, antes de fin de año, existe el compromiso de presentar una reforma al Sistema de Evaluación Ambiental (esta vez, a cargo del Ministerio de Medio Ambiente).
Pocas actividades son tan relevantes para el futuro de la transición energética como la industria minera y pocas actividades tienen el potencial para empujar la actividad económica en Chile como la minería, lo que debiera interpretarse como la urgente necesidad de volver a retomar el crecimiento de la minería en nuestro país.
Chile sigue siendo el principal productor de cobre y molibdeno del mundo, con 5,35 millones de toneladas en 2022 y 45.600 ton, respectivamente. Mientras que en la minería no metálica destaca por la producción de litio, el país produjo 39.000 TM en 2022. Asimismo, contamos con las mayores reservas de cobre (21%) y litio (44%) del mundo. En otras palabras, nuestro potencial se mantiene más que expectante.
Es evidente que hay muchos desafíos técnicos que deben enfrentar las propias compañías mineras para mejorar la sostenibilidad de sus operaciones tanto en el ámbito social, ambiental y económico, pero el Estado también debe jugar un rol y ese debiera ser el desarrollo de ventajas competitivas especialmente en el ámbito de la eficiencia institucional. Debemos poner un fuerte sentido de urgencia en la capacidad de concretar proyectos de inversión para no perder la oportunidad que presenta la necesidad de minerales críticos, los que, si no los abastecemos nosotros en cantidad, calidad y precio, serán producido por otros o presionarán la sustitución.
Debemos ser tajantes en decir que no se trata de tener sistemas menos exigentes, por el contrario, el desafío de la minería sostenible probablemente nos obligue en muchos casos a subir los estándares. Ahora bien, el punto está fundamentalmente en acortar tiempos y reducir incertidumbres administrativas que desincentivan la inversión. Sin duda, tener esa ventaja competitiva sería por lejos la mejor política industrial que podría tener nuestro país hoy en día.
Fuente: El periodista