Según el experto, la clave está en reestructurar profundamente el sistema ambiental actual, lo que requerirá un consenso político para agilizar las decisiones y eliminar burocracias innecesarias, facilitando así la aprobación de proyectos clave para el desarrollo del país.
A un año del inicio del debate de las reformas relacionadas con la permisología, los resultados han sido disímiles. Si bien se han logrado avances en algunos aspectos, aún persisten importantes desafíos que podrían afectar la efectividad del proceso a largo plazo. Este es el análisis de Christian Sanhueza, CEO de Lan Polita Consultora de Mercado y Minería, quien abordó los principales avances y retrocesos, destacando la necesidad urgente de continuar con las reformas, especialmente en lo relacionado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
En opinión del experto, uno de los principales avances de 2024 fue la modificación de los permisos sectoriales, que, según Sanhueza, ha arrojado resultados positivos. Sin embargo, el CEO de Lan Polita no duda en señalar que “la reforma al Servicio de Evaluación Ambiental aún está muy por debajo de lo esperado”. A pesar de los esfuerzos realizados por el Ejecutivo, el especialista considera que el marco de estas medidas ha sido desigual, por lo que para este año es difícil prever una resolución satisfactoria en el corto plazo. “El ritmo de avance ha sido insuficiente y queda un largo camino por recorrer”, expresó.
Reingeniería y cartera de proyectos
Por otro lado, el investigador se mostró especialmente crítico al señalar que es fundamental concentrar los esfuerzos a la hora de simplificar el sistema de permisos. “Necesitamos un sistema mucho más racionalizado, con permisos claros y armónicos que permitan avanzar en proyectos de gran escala de manera ágil”, indicó Sanhueza.
La clave, a su juicio, está en realizar una profunda reingeniería del sistema actual, lo que requeriría “un esfuerzo amplio y un acuerdo político que permita la agilidad en la toma de decisiones”, asegurando que el desafío principal será eliminar las burocracias innecesarias, con el fin de contribuir a acelerar la aprobación de proyectos clave para el desarrollo del país.
Ello resulta primordial en un contexto promisorio respaldado por el reciente informe de Cochilco, el cual proyectó una inversión histórica de US$83.181 millones en minería para el período 2024-2033, lo que es considerado una buena noticia para la industria. No obstante, Sanhueza lanzó una advertencia respecto a los eventuales problemas que estos proyectos podrían enfrentar debido a los retrasos en la permisología. “Si bien la cifra es positiva, persisten serias dudas sobre los plazos de materialización de estas iniciativas productivas, especialmente porque el sistema actual no ofrece la agilidad que se necesita”, afirmó el experto, haciendo hincapié en que la falta de nuevos proyectos en la cartera de inversiones es preocupante, ya que gracias a estos es posible el abastecimiento de minerales en el largo plazo.
Reformas al Comité de Ministros: Desafíos para la participación ciudadana
Uno de los cambios más significativos en la reforma ambiental es la eliminación del Comité de Ministros como instancia de revisión de reclamaciones, permitiendo que las comunidades y los titulares de los proyectos recurran directamente a los Tribunales Ambientales. Aunque este cambio busca acelerar los procesos y aumentar la participación ciudadana, Sanhueza argumentó que podría generar presión adicional sobre estas instituciones. “Es posible que esta medida logre acortar los tiempos de resolución, pero podría también eliminar un espacio de diálogo que es necesario para alcanzar acuerdos”, comentó.
En cuanto a las reformas al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), ambas buscan agilizar procesos y fortalecer las entidades involucradas. Sin embargo, su avance legislativo ha sido desigual. Al respecto, el experto explicó: “Mientras que la reforma al CMN sigue rezagada, con escasa discusión legislativa y sin avances sustanciales, los trámites relacionados con el patrimonio seguirán siendo lentos y burocráticos en el corto plazo. Aunque se está trabajando en aumentar la transparencia de los procedimientos, la reforma en este ámbito aún no ha despegado”.
Por otro lado, la reforma a la SMA ha tenido un progreso más notable. “La rápida aprobación de la modificación legislativa en la Cámara de Diputados, junto con las propuestas claras para promover la gestión de denuncias, simplificar sanciones menores y reducir los tiempos de respuesta, permiten proyectar una aceleración progresiva de los trámites ambientales una vez implementados los cambios”, afirmó Sanhueza.
Finalmente, el CEO de Lan Polita hizo un llamado a recuperar la confianza de los inversionistas. “Chile logró su competitividad minera basándose en dos pilares: un potencial geológico inigualable y un sólido clima de inversión. Hoy más que nunca necesitamos un nuevo enfoque que promueva la cooperación entre el sector público y privado para generar un desarrollo sostenible”, concluyó el especialista en el mercado minero.