La Comisión de Minería y Energía del Senado solicitará un informe oficial sobre la seguridad y estado operativo de las instalaciones de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), luego del incidente ocurrido recientemente en la planta El Salado, en la Región de Atacama.
El anuncio fue realizado por el senador Rafael Prohens, presidente de la instancia, quien adelantó que este lunes 27 de octubre pedirá un acuerdo para oficiar al Ministerio de Minería y a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) con el fin de obtener antecedentes actualizados sobre las condiciones de infraestructura, manejo de sustancias peligrosas y planes de prevención de riesgos.
“Una señal de alerta”
El senador Prohens calificó el hecho como “una señal de alerta” y enfatizó la necesidad de revisar los estándares de seguridad de ENAMI, especialmente en las plantas que manipulan ácido sulfúrico y otros materiales tóxicos utilizados en procesos metalúrgicos.
“Es imprescindible conocer el estado actual de las instalaciones de ENAMI, particularmente aquellas que contienen materiales altamente peligrosos. No podemos permitir que la población de Atacama sea expuesta a riesgos por negligencia operativa”, señaló.
El parlamentario agregó que el Estado debe asumir un rol más activo en la fiscalización y prevención:
“No es aceptable que los costos de la mala gestión recaigan sobre los habitantes de las zonas productoras. El Estado debe garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades expuestas a estos riesgos”.
Preocupación por protocolos de emergencia
Por su parte, la senadora Yasna Provoste, integrante de la Comisión, presentó una denuncia formal ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para determinar eventuales responsabilidades por la emergencia ocurrida en El Salado, la cual fue provocada por el contacto accidental entre ácido sulfúrico y agua dentro de la planta.
“Queremos saber cómo se han utilizado los recursos de capitalización que ENAMI ha recibido para modernizar sus instalaciones, incluido el plantel de El Salado. Esta emergencia puso en riesgo a las comunidades de El Salado, Diego de Almagro y Chañaral, y necesitamos saber quiénes fueron los responsables”, sostuvo Provoste.
La legisladora también cuestionó la respuesta inicial de la empresa y la falta de coordinación con los servicios de emergencia:
“Bomberos de El Salado no pudo ingresar a las instalaciones para colaborar, lo que genera dudas sobre los protocolos de seguridad. Además, queremos saber por qué ENAMI no cuenta con una brigada interna especializada y externaliza un servicio tan crítico”.
Provoste indicó que uno de los puntos clave que deberá esclarecerse es el tiempo de respuesta del equipo especializado, que habría tardado en llegar al lugar mientras la población permanecía en riesgo.
Fiscalización y transparencia
La Comisión de Minería y Energía acordará en su próxima sesión los oficios correspondientes para que tanto el Ministerio de Minería como Cochilco entreguen información detallada sobre los procedimientos de seguridad, mantenimiento y modernización de todas las plantas operadas por ENAMI.
El objetivo es determinar si existen falencias estructurales o de gestión que puedan poner en riesgo a trabajadores y comunidades cercanas, y reforzar la supervisión estatal sobre las operaciones metalúrgicas en el país.
Fuente: Reporte Minero