La lucha contra la corrupción en el Estado no debería enfocarse únicamente en castigar a los responsables, sino en rediseñar los servicios públicos para eliminar los espacios donde las prácticas corruptas se vuelven posibles. Ese fue el eje de la intervención de Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, durante el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
En su presentación, Zevallos sostuvo que existe una medida con respaldo empírico y efectos positivos demostrables: mejorar la calidad del servicio público. “Entre las varias cosas que se pueden pensar, hay una que funciona y que además tiene evidencia de un impacto positivo: enfocarnos en mejorar la calidad del servicio”, afirmó.
El daño real: cuando la corrupción bloquea derechos y oportunidades
Zevallos planteó que el problema de la corrupción en los servicios públicos no se reduce al acto ilegal en sí, sino al impacto concreto que provoca en la ciudadanía. A su juicio, el costo más crítico aparece cuando las personas quedan fuera de servicios esenciales. “El principal asunto (…) no es solamente la creencia en sí mismo como acto negativo, sino el daño que implica para el ciudadano que no accede a educación, salud, empleo y demás asuntos vinculados a esas prácticas”, señaló.
Menos discrecionalidad, menos oportunidades para el soborno
Uno de los conceptos centrales de su propuesta fue reducir la discrecionalidad en la atención y resolución de trámites. El especialista llamó a “repensar” cómo se proveen los servicios para limitar decisiones arbitrarias que abren espacio a pagos indebidos o “favores” administrativos.
“Veamos de qué forma podemos reducir en el servicio público los espacios de discreción del servidor público para que no haya ventanas de oportunidad para prácticas corruptas”, indicó. En esa línea, destacó que la medida no solo disminuye riesgos, sino que mejora la eficiencia del Estado y su capacidad de respuesta.
Digitalizar y estandarizar: el ejemplo de trámites en línea
Como referencia práctica, Zevallos mencionó la digitalización de procesos cotidianos —como la emisión de documentos de identidad o pagos en línea— que ayudan a bajar el contacto presencial y, con ello, las posibilidades de extorsión o cobros informales. “Permite que haya menos contacto con discrecionalidades arbitrarias, pero al mismo tiempo hace que el servicio funcione mejor”, sostuvo.
El enfoque, remarcó, apunta a una solución estructural: trámites digitales, criterios uniformes, trazabilidad y procesos estandarizados para que la decisión no dependa del “humor” o voluntad de quien atiende, sino de reglas claras y verificables.
Fuente: Reporte Minero