El director ejecutivo de Plusmining advierte que, sin cambios estructurales profundos, el sistema de tramitación de permisos seguirá dificultando el desarrollo de proyectos clave. Simplificación, coordinación y una visión estatal más positiva con respecto a los proyectos son las claves que propone.
El sistema de tramitación de permisos en Chile, conocido como “permisología”, continúa siendo uno de los mayores desafíos para atraer y concretar inversiones estratégicas en el país. Según Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, se requiere un cambio estructural urgente para superar esta “carrera de obstáculos”.
“Lo que tenemos hoy es un sistema que obliga a los proyectos a superar múltiples barreras, cuando debería haber un enfoque que valore sus beneficios y facilite su concreción”, afirmó en una entrevista coEl Periodista.
El término “permisología” alude a la compleja red burocrática de permisos y requisitos que dificultan la realización de proyectos, especialmente en sectores como el minero. En 2022, el Gobierno chileno presentó un paquete de reformas legislativas con el objetivo de abordar esta problemática. Para Guajardo, este fue un paso importante. “Reconocer el problema fue positivo, pero los avances han sido dispares. Mientras los permisos sectoriales han mostrado progreso, áreas como la reforma ambiental y la supervisión patrimonial aún presentan importantes rezagos”, explicó.
Aunque las iniciativas actuales buscan aliviar parte de la carga burocrática, Guajardo considera que no son suficientes. “Quizás estas reformas reduzcan la carrera de obstáculos de 50 a 30 kilómetros o eliminen algunos obstáculos, pero sigue siendo una carrera. Lo que necesitamos es un cambio completo en la visión estatal para priorizar los proyectos como beneficiosos, manteniendo estándares claros, pero desde un enfoque positivo”, sostuvo.
El ejecutivo propuso una “reingeniería profunda” del sistema de permisos, con el fin de simplificar los procesos, racionalizar las exigencias y establecer un enfoque coordinado y secuencial. “Actualmente tenemos una atomización de actores donde cada uno quiere imponer su criterio, y eso hace casi imposible avanzar en proyectos complejos. Esto requiere un acuerdo político amplio y un poder ejecutivo ágil”, destacó.
Inversión minera y proyecciones
Sobre el reciente informe de Cochilco- que estima una cartera de proyectos mineros valorada en 83.181 millones de dólares- refleja, según Guajardo que “la mayoría de estas inversiones, cerca del 90%, corresponde a proyectos de expansión o continuidad operacional. Esto da cierta estabilidad, pero también significa que hay pocos proyectos nuevos, lo que limitará un aumento significativo en la producción minera del país”, señaló.
Guajardo también enfatizó que el contexto político será determinante para la inversión minera. Aunque la definición del royalty minero y el rechazo de la reforma constitucional han despejado ciertos riesgos, la estabilidad política sigue siendo un factor clave. “Si las elecciones permiten generar mayor gobernabilidad, esto alentará a los inversionistas. Pero si persiste un escenario fragmentado, esto podría convertirse en una barrera adicional”, advirtió.
La clave para mejorar la competitividad de Chile, según Guajardo, radica en un cambio profundo del sistema de permisos y en la forma en que el país aborda los proyectos de inversión. “Chile tiene que superar esta carrera de obstáculos. Necesitamos simplificar procesos y adoptar una visión más estratégica hacia la inversión.