El reciente fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que el 16 de septiembre declaró inadmisible el recurso del Gobierno y de opositores al proyecto Dominga, dio un nuevo aire a la iniciativa de Andes Iron, considerada uno de los casos más emblemáticos de judicialización ambiental en Chile.
Con esta resolución, la compañía inició gestiones para contratar empresas de ingeniería que optimicen la propuesta y poder dar inicio a la construcción durante el primer semestre de 2026. La inversión comprometida asciende a US$ 3.000 millones, cifra que se elevó respecto a los US$ 2.500 millones inicialmente previstos.
En paralelo, Andes Iron tramita los cerca de 700 permisos sectoriales requeridos, de los cuales unos 200 son indispensables para comenzar las obras iniciales, como caminos, cierres perimetrales y levantamiento de campamentos. Solo en este proceso se estima un gasto de alrededor de US$ 20 millones.
Socio estratégico en carpeta
El nuevo escenario también activó la búsqueda de un socio estratégico. La empresa contrató a un banco de inversión con el fin de incorporar a un inversionista que aporte capital y sostenibilidad al proyecto. Actualmente, el 80% de la propiedad está en manos de la familia Délano Méndez, mientras que José Antonio Garcés Silva posee un 15% y un 5% corresponde a ejecutivos de la firma.
De acuerdo con el Diario Financiero, desde la compañía destacan que el fallo “aumentó significativamente el valor del proyecto al tiempo que disminuyó su riesgo”, en un contexto marcado por la alta demanda de minerales y precios al alza.
Producción y potencial
Dominga contempla la extracción anual de 12 millones de toneladas de hierro y 150.000 toneladas de cobre como subproducto durante 22 años. La magnetita del yacimiento, con más de 67% de hierro y baja presencia de impurezas, es valorada en el mercado por su aporte a la producción de “acero verde”, así como por su uso en turbinas eólicas, motores eléctricos y otras tecnologías limpias.
El proyecto se divide en tres áreas: Dominga, con dos rajos a cielo abierto, planta de procesos y depósitos de relaves; Lineal, donde se ubicarán acueductos, concentraducto, línea de transmisión y camino de servicio; y Totoralillo, que concentrará la planta desalinizadora y el sistema de embarque.
Un proceso aún abierto
Pese al impulso que recibió el proyecto, el Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Maisa Rojas, recordó que la Suprema no se pronunció sobre el fondo, si Dominga puede o no ejecutarse, y que aún existen recursos pendientes en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago.
En Andes Iron, sin embargo, sostienen que la resolución del máximo tribunal acotó el margen de acción de estas instancias y reiteran su compromiso con los acuerdos alcanzados con la comuna de La Higuera, que incluyen agua potable para la comunidad y el pago de un “royalty social”.
Hasta ahora, la familia controladora y sus socios han desembolsado US$ 500 millones en Dominga, en un proceso que se extiende desde 2013 y que sigue marcando la agenda ambiental y minera del país.
Fuente: Reporte Minero