La corrupción en el Perú no solo persiste, sino que se ha integrado al funcionamiento cotidiano del país, afectando servicios públicos, ejecución de obras y la capacidad del Estado para ordenar la actividad económica. Ese diagnóstico marcó el debate del Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), donde especialistas advirtieron que las economías ilegales están escalando hacia la política “con total impunidad”, profundizando el deterioro institucional.
Percepción ciudadana: dos de cada tres ven la corrupción como problema principal
Durante la jornada, se presentaron conclusiones asociadas a la XIII Encuesta Nacional de Percepciones sobre Corrupción de Proética, cuyos resultados muestran un agravamiento sostenido: 67% identifica la corrupción (junto con la delincuencia) como uno de los principales problemas del país y 88% considera que aumentó en los últimos cinco años.
En esa línea, el analista político Iván Arenas sostuvo que la percepción ya está instalada en la ciudadanía: “La gente reconoce que este país funciona (…) pero funciona con corrupción”.
Renovación política y reglas de financiamiento: claves para recuperar confianza
El panel coincidió en que, para revertir la desconfianza, se requieren cambios políticos concretos. Augusto Townsend, fundador de Comité de Lectura y cofundador de Recambio, planteó la necesidad de renovar la clase política y reforzar la regulación del financiamiento electoral, apuntando a reducir los incentivos y riesgos de captura.
Townsend advirtió además que el financiamiento puede operar como un intercambio anticipado de favores: “yo entrego un financiamiento a un partido y estoy haciendo que el partido me deba un favor”, una dinámica que —subrayó— condiciona decisiones futuras aunque no siempre sea explícita.
“Participación abierta” de economías ilegales en política
Uno de los puntos más críticos del encuentro fue la alerta sobre la penetración de economías ilícitas en la esfera pública. Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, señaló que el país estaría entrando en una fase más compleja: “Estamos empezando a presenciar la participación abierta y expresa de la economía ilegal en la vida política del país, con total impunidad”.
Los expositores vincularon este fenómeno con impactos directos en la democracia: erosión de la representación, distorsión de prioridades públicas y debilitamiento de controles.
Minería ilegal: un factor de presión sobre el Estado
El debate también conectó el avance de economías ilegales con actividades como la minería ilegal, percibida por una mayoría abrumadora como un problema grave. Según resultados difundidos de la Encuesta Proética, 93% considera que la minería ilegal afecta de manera grave o muy grave al país y 92% cree que el Estado no está haciendo lo suficiente para enfrentarla.
El desafío: fiscalización, trazabilidad y control electoral
En síntesis, los especialistas plantearon que recuperar la confianza institucional exige una combinación de medidas: fortalecer la fiscalización de procesos electorales, mejorar la trazabilidad del dinero en campaña, elevar estándares de transparencia y promover una renovación efectiva de liderazgos, especialmente en un contexto donde la ciudadanía percibe que la corrupción se ha normalizado.
Fuente: Reporte Minero