La administración Trump pasó de la retórica a medidas concretas contra la energía eólica y la energía solar, desplegadas principalmente vía el Departamento del Interior. Entre las acciones destacan revisiones y nuevos criterios de permisos en tierras y aguas federales, la reversión de decisiones de la era Biden que destinaban áreas offshore a eólica marina y el retiro de la aprobación de un proyecto eólico a gran escala en Idaho. El enfoque prioriza frenar nuevos desarrollos en suelo federal y reordenar la cartera vigente bajo estándares más restrictivos.
Nuevas barreras técnicas y burocráticas
A nivel regulatorio, Transporte recomendó una distancia mínima de 1,93 km entre turbinas eólicas y carreteras/ferrovías, mientras que la FAA endureció la evaluación de aerogeneradores por potencial interferencia con la aviación (incluida militar). Interior, además, introdujo la densidad de capacidad energética como factor de análisis y concentró en el titular del departamento la firma de decenas de aprobaciones, alargando la tramitación. En paralelo, la EPA propuso revertir la determinación de peligro vinculada a GEI, señal del espacio político abierto para fósiles y nuclear en desmedro de renovables.
La ofensiva ya se refleja en la economía del sector: análisis de E2 estima más de US$ 22.000 millones en proyectos de energía limpia cancelados o retrasados desde enero y miles de empleos perdidos, con fuerte concentración en estados republicanos, enfriando decisiones de capex. Actores como Engie anticipan invertir menos de la mitad de su rango histórico anual en EE. UU., mientras NextEra (NEE) y AES señalan que buena parte de sus iniciativas aún preserva incentivos fiscales, aunque operarán en un entorno de mayor fricción administrativa.
Demanda eléctrica al alza y riesgo de costos
Asimismo, los centros de datos y usos intensivos de IA empujan la demanda eléctrica en EE. UU., pero la nueva nuclear tardará años y hay rezagos en turbinas a gas. Con renovables frenadas en suelo federal y más escrutinio en privado por nexos regulatorios, varios estudios proyectan menor oferta potencial y presión al alza en precios. Interior defiende el giro como “nivelar la cancha” para un suministro “fiable y asequible”, aunque promotores y la American Clean Power lo califican como una interferencia federal sin precedentes.
El retroceso en offshore wind, incluida la revocación de áreas costeras previamente planificadas, le añade riesgo a una cadena que ya enfrentaba costos de capital más altos, presión en suministros (cables, subestaciones offshore, embarcaciones) y cronogramas ajustados. El resultado probable es una cartera más corta y cara, con PPAs y CODs replanteados, y focos de inversión moviéndose a mercados con mayor certidumbre regulatoria.
Fuente: Reporte Minero