Quien fuera ex subsecretario de Patrimonio Cultural ahonda en la modernización al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) tras las recientes indicaciones anunciadas por el Gobierno.
Dentro de las demandas por mejoras a la permisología, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto con las ministras de Bienes Nacionales, y de las Culturas, anunciaron indicaciones para el Consejo de Monumentos Nacionales, entidad que fue recientemente oficiada por Contraloría General de la República (CGR) dados los múltiples cuellos de botella que ha generado a nivel de aprobación de permisos en proyectos de inversión.
El sumario contra el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) detectó que solicitudes con casi 900 días sin respuesta, donde existen 3.752 casos pendientes al 31 de mayo de 2024. De ese total, 1.395 corresponden a requerimientos de 2022; 1.652 de 2023 y, 705 de este año.
Debido a estos estancamientos, el CMN ha estado en el ojo del huracán, el exsubsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda entrega sus perspectivas con respecto al cambio de ley propuesto por el Ejecutivo.
“Muy pocas modificaciones”
¿Qué le parece el anuncio de indicaciones a la reforma al Consejo de Monumentos Nacionales anunciado por el Ministerio de Hacienda, junto con Bienes Nacionales y Cultura?
Lo primero que es importante señalar es que el Ejecutivo ha decidido ingresar indicaciones a un proyecto de ley ya existente que fue aprobado por la Cámara de Diputados el año 2022, que es la Ley de Patrimonio Cultural, que se discutió cerca de tres años en la Comisión de Cultura.
En términos generales, la propuesta del Ejecutivo mantiene la estructura de la ley original y mantiene también los ejes de revisión de la orgánica y descentralización del Consejo de Monumentos. De todas maneras, sí existe una revisión de los consejeros y hay una entrega a los equipos técnicos regionales de todas las intervenciones de patrimonio cultural, arqueológica, zonas típicas, entre otras.
Una cosa que modifica -si bien mantiene la lógica descentralizadora de la ley original- es que cambia la composición del Consejo de Monumentos Nacionales en la ley del 2021, aprobada en el 2022, se rebajaban los consejeros actuales del órgano nacional de 23 consejeros a 17, y el proyecto actual lo aumenta a 29. Eso a mí me parece que es un exceso, es como una asamblea para discutir temas de patrimonio que va a ser muy difícil de manejar. Creo que es un número que no tiende a la eficiencia del órgano.
Hice los cálculos. De los 69 artículos originales de la ley de patrimonio, 44 se mantienen prácticamente iguales, con muy pocas modificaciones.
El Gobierno espera tener aprobado esto antes del próximo receso legislativo. ¿Es tiempo suficiente para hacer una reforma adecuada en estos meses que quedan?
Yo creo que ese comentario del ministro Marcel hay que tomarlo en el sentido de que esta ley fue presentada, curiosamente, dentro de un paquete que buscaba hacer más eficientes los permisos en el contexto de eso que es llamado permisología. Se tocan por lo tanto temas de concesiones marítimas, de ley de bases medioambientales, tocaba otros temas más.
No hablaban solo de ley de patrimonio cuando presentaron ese paquete hace una semana en el Palacio Pereira. Y si solo vemos la ley de patrimonio cultural y revisamos sus indicaciones, ya acabo de hablar un poco de lo que se modifica de las discusiones orgánicas, regionalizadoras, de los temas indígenas. No solo es muy difícil, veo imposible que esta ley esté aprobada de aquí a enero.
Llevamos dos años y medio sin haber avanzado en todo aquello que había consenso, si de 69 artículos, 44 se mantienen relativamente iguales, uno podría haber dicho, bueno, se cumple la tesis de los parlamentarios, que se podía avanzar en todo lo que había consenso, incluso tenía esos 44 artículos más los otros 13 artículos. Todo eso nos permitía avanzar e incorporar las indicaciones y al final del proceso habríamos ganado dos años de tramitación parlamentaria, cosa que ya no ocurrió.
Todos queremos que el tema salga. Creo que el Ejecutivo está incorporando una mirada valiosa sobre el proyecto original y valiosa en las indicaciones que está incorporando, ese plano ha sido bien constructivo. Pero una ley de este tipo que se ha demorado 50 años, y se está esperando una resolución en un par de meses solo para hacer un check político, es algo completamente improcedente y no va a ocurrir, es muy difícil que ocurra.
“El Consejo de Monumentos Nacionales pasará a ser el Consejo de los Patrimonios Culturales, lo que representa un cambio de paradigma en el entendimiento del patrimonio”, se indicó en el anuncio, ¿qué significa esto?
En esta definición conceptual amplia hay dos materias. Una es la discusión respecto al paso de la idea de monumento nacional, de un ambiente cultural que tiene valores intrínsecos en sí mismo, que son como permanentes y a la idea de patrimonio cultural. Ese tránsito que estaba en el proyecto original obviamente en el 2021 y antes también y que se viene discutiendo hace 30 años, donde necesitamos una mirada patrimonial y no monumentalista.
Esa mirada del patrimonio supone que hay manifestaciones culturales, entre ellas el patrimonio inmaterial, que desbordan lo netamente monumental y que tienen que ser reconocidas a su mérito y que Chile lo ha hecho cuando ratifica las convenciones de UNESCO el patrimonio inmaterial, pero mantienen la ley del 70 que habla de monumentos.
El patrimonio no es monolítico y no es único. No existe un patrimonio nacional que tiene cosas fuera y cosas dentro, sino que un reconocimiento a la diversidad. En ese sentido, existen muchos tipos de patrimonios.
Este traspaso que también se plantea al régimen de organismos regionales por cada territorio, ¿qué significaría exactamente?
Aquí, de nuevo, tengo que referirme a las diferencias entre el proyecto original y el nuevo, pero el proyecto original siempre planteó tres niveles de decisión o de gestión (el Órgano Nacional Estratégico, el Órgano Técnico Regional y la Secretaría Técnica Regional).
El órgano nacional, es el que hoy tiene que ver todas las intervenciones-y que por lo tanto es un embudo de todo lo que pasa en el país- tiene que ver algunas cosas estratégicas, las declaratorias, aprobación de planes de manejo, cosas muy puntuales, con una mirada más global del país, y todo lo que es intervención.
En todas las regiones habrá equipos técnicos, eso es lo que propone la ley, que van a ver todos estos casos y van a evaluar en su mérito si la ampliación de tal inmueble tiene sentido o no, pero ese permiso no puede llegar a Santiago para que unos consejeros, donde en muchos casos, algunos ni siquiera han estado en regiones terminen demorándose un tiempo excesivo en dar esa respuesta o en observarla.
Sector minero
¿Cómo está afectando al sector minero la situación actual y qué beneficios podría traerle a este sector esta reforma?
El sector minero, los proyectos energéticos y otros tipos de proyectos de gran intervención en el territorio se ven muy afectados porque, tal como todos sabemos, la minería se da en gran medida en el norte, una zona que tiene muchos minerales y riqueza, pero a la vez su clima permite que muchas de las manifestaciones culturales antiguas, y no solamente precolombinas, incluso las salitreras y otras más, se mantengan por la salinidad, por la sequedad y por el clima.
En ese sentido, es problemático tener una ley como la vigente que no define con claridad qué es lo arqueológico, que se demore la respuesta, que pide unos niveles de rescate o de procedimiento que son completamente desacoplados de la realidad del lugar en el que estás operando.
No hablo de una cuestión como una inversión mucho mayor, porque cuando hay que rescatar patrimonio hay que invertir, sino que significa que tú estás completamente desacoplado entre la necesidad del país en eso y las mismas necesidades de la protección del patrimonio. Y lo que la ley da como oportunidad es que eso sea más eficiente, sea más claro y tenga tiempos razonables, entre otras medidas.