Pilar Hazbun destaca que, si bien la reforma busca mejorar la eficiencia de la Superintendencia de Medio Ambiente, advierte que es fundamental ajustar algunos de los cambios propuestos para evitar riesgos de abuso de poder y garantizar un marco regulatorio justo y equilibrado.
La Cámara de Diputados aprobó recientemente el proyecto de ley del Ejecutivo que pretende modificar el funcionamiento de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Si bien algunos de los cambios buscan hacer más eficiente el trabajo de la institución, centrándola en fiscalizaciones y sanciones de mayor relevancia, expertos han alertado sobre los riesgos que podrían derivarse de la mayor discrecionalidad que otorgaría la reforma.
Una de las modificaciones más controvertidas es la ampliación de la potestad cautelar de la SMA. La ley vigente permite que la Superintendencia adopte medidas urgentes para evitar un daño grave e inminente al medio ambiente, especialmente en casos de incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) o cuando surgen impactos no previstos en la evaluación ambiental. Con el proyecto de reforma, se extiende esta facultad a todas las “actividades industriales”, lo que podría generar incertidumbre en industrias más pequeñas que no requieren una RCA, como las que operan únicamente con autorización sanitaria.
Pilar Hazbun, coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo (LyD), explicó en una columna de opinión en DF que “ampliar la facultad de la SMA a todas las actividades industriales sin una definición clara puede resultar perjudicial para pequeñas y medianas empresas que están dentro del marco legal, pero no tienen una RCA. Esto podría generar una aplicación más rígida y poco equitativa de las normas”.
Otro aspecto que ha generado preocupación es la modificación del rol de los fiscalizadores de la SMA y otros organismos relacionados. Bajo la nueva normativa, estos funcionarios adquirirían el carácter de “ministros de fe”, lo que implica que cualquier hecho registrado en las actas de fiscalización será considerado presunción legal, independientemente de si constituye o no una infracción. Esta modificación amplía el poder de los fiscalizadores, ya que bajo la ley actual solo se aplica esta presunción en caso de infracciones verificadas.
“Este cambio otorga a los fiscalizadores un poder excesivo, ya que sus registros podrían ser interpretados como hechos legales sin necesidad de que haya una infracción comprobada. Esto podría llevar a situaciones de abuso de poder y generar inseguridad jurídica para los ciudadanos y empresas”, indicó la experta de LyD.
El proyecto también introduce modificaciones en el catálogo de infracciones y sus sanciones. El daño ambiental se consideraría una infracción gravísima, sin importar si es reparable o no, lo que ha sido calificado como una medida desproporcionada. Aunque los topes de las multas se mantienen, se contempla la posibilidad de duplicarlas si se determina que el beneficio económico del infractor supera el rango de la sanción correspondiente. Al respecto, Hazbun sostuvo que “considerar el daño ambiental como gravísimo sin tener en cuenta su reparabilidad es una medida excesiva. Muchas empresas que cometen errores buscan corregir los daños, y esta medida podría perjudicarlas aun cuando actúan de buena fe”.
Revisar fondo para evitar un poder desmesurado
Además, el proyecto también propone modificar el estándar de culpabilidad en los casos de fraccionamiento de proyectos, suprimiendo la necesidad de que el infractor actúe “a sabiendas”. Esto significa que no será relevante determinar si el infractor tenía la intención de eludir la evaluación ambiental de sus proyectos o de ingresar a través de un instrumento que no correspondía.
Estas modificaciones, en conjunto, generan temores sobre un aumento en la discrecionalidad administrativa, lo que podría poner a las empresas y ciudadanos en una posición vulnerable frente a la SMA. En esta línea, Hazbun concluyó que “estos cambios deben ser revisados a fondo para evitar que se otorgue un poder desmesurado a la institución, lo que podría generar un clima de inseguridad y desincentivar la inversión en el país”.