El Segundo Tribunal Ambiental dejó parcialmente sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto «Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva» de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, decisión que ha encendido alarmas en el ecosistema productivo de Tarapacá y en toda la cadena de proveedores mineros chilenos.
La revocación parcial ocurre cuando las obras se encuentran prácticamente finalizadas, después de que el proyecto obtuviera su permiso ambiental en 2021. Esta situación genera señales de incertidumbre respecto del futuro de inversiones de largo plazo en minería chilena, según advierten gremios empresariales y organizaciones vinculadas a la industria.
Gremios regionales alertan sobre economía y empleo en Tarapacá
Diversos gremios de Tarapacá firmaron una carta pública conjunta expresando profunda preocupación por el fallo. La iniciativa reúne a la Cámara de Comercio de Iquique, AGATA, H2V AG, la Cámara de Industria de Alto Hospicio y organizaciones turísticas y hoteleras de la región.
Los firmantes señalaron que Collahuasi no solo es una de las principales compañías mineras del país, sino un actor clave para el empleo regional. La operación genera cerca de 7 mil empleos directos e indirectos, además de aproximadamente 18 mil empleos asociados a toda la cadena de valor vinculada a la actividad minera.
Los gremios enfatizaron que la actividad minera impulsa una extensa red de proveedores, pymes y servicios asociados al transporte, logística, comercio, hotelería, gastronomía y turismo. La incertidumbre jurídica resultante pone en riesgo el dinamismo económico de una región altamente dependiente de la inversión minera.
APRIMIN: el fallo golpea a toda la cadena de proveedores
Desde APRIMIN, la asociación gremial de proveedores mineros, manifestaron inquietud aún mayor. La organización sostuvo que la decisión «no solo golpea a una compañía, sino que pone en riesgo la estabilidad de todo el ecosistema de proveedores».
El gremio señaló que este tipo de situaciones afectan directamente a miles de trabajadores y empresas de servicios especializados que planifican inversiones y operaciones con horizontes de largo plazo. Ari Bermann, presidente de APRIMIN, enfatizó la necesidad de mantener altos estándares ambientales, pero recalcó: «Chile no debe elegir entre sostenibilidad e inversión. Debemos asegurar ambas dimensiones con una institucionalidad moderna, predecible y eficiente».
AII cuestiona revertir aprobación ratificada por Comité de Ministros
La Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal (AII) expresó «profunda preocupación» por el fallo. El gremio cuestionó específicamente que se revierta una autorización ambiental que fue ratificada por el Comité de Ministros en 2023, después de haber sido otorgada originalmente en 2021.
La AII señaló que esta revocación introduce un nivel de incertidumbre incompatible con la necesidad de atraer y sostener inversiones productivas de largo plazo. El gremio hizo un llamado a las autoridades a abordar los efectos institucionales y económicos que decisiones de esta naturaleza pueden generar sobre regiones mineras.
La decisión judicial refleja tensiones más amplias dentro del sistema ambiental chileno: la necesidad de mantener estándares de sostenibilidad versus la demanda empresarial por certeza jurídica y reglas predecibles para la inversión en minería. El sector aguarda mayor claridad sobre cómo será resuelta la situación del proyecto y qué implicancias tendrá para futuras aprobaciones ambientales en la industria.
Fuente Reporte Minero