La falta de nuevos proyectos auríferos relevantes con cronogramas definidos está limitando las perspectivas de crecimiento de la producción de oro en Perú, en un escenario donde la minería ilegal continúa expandiéndose incluso sobre zonas protegidas y concesiones valorizadas en más de US$ 12 mil millones.
Así lo advirtió Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), durante su participación en una nueva edición de Jueves Minero, organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Oro sin nuevos proyectos relevantes
Durante su exposición, Gallardo señaló que, a diferencia del cobre —que sí cuenta con una cartera de proyectos con cronogramas definidos hacia 2032—, el sector aurífero carece hoy de iniciativas relevantes con plazos claros que permitan anticipar un aumento importante en los niveles de producción.
“No hay ningún proyecto relevante que tenga fecha definida que represente un incremento importante en los niveles de producción. Salvo Conga, que no tiene fecha definida”, afirmó.
El economista explicó que esta situación contrasta con el potencial del sector minero peruano, especialmente en cobre, donde existe espacio para duplicar la producción en los próximos años. En ese contexto, destacó el rol estratégico de Cajamarca, región que concentra cerca del 40% de la cartera minera y que podría consolidarse como uno de los principales polos productivos del país.
Minería ilegal, tramitología y debilidad institucional
El representante del IPE sostuvo que el avance de la minería ilegal es uno de los factores más críticos para el desarrollo del sector, pero no el único. También mencionó el exceso de tramitología, con procedimientos que superan los plazos legales y que, en muchos casos, resultan más extensos que en otros países mineros.
A ello se suman los riesgos persistentes de conflictividad social. Si bien indicó que el país ha mostrado una mejora respecto de los niveles observados en 2022 y 2023, advirtió que el riesgo sigue latente si no se cierran adecuadamente las brechas sociales y territoriales.
“Hemos mejorado, pero los riesgos siguen presentes. Si no se cierran brechas adecuadamente, podemos volver a niveles elevados de conflictividad”, comentó.
Gallardo también advirtió sobre la limitada capacidad institucional para gestionar procesos clave como la consulta previa. Según señaló, al ritmo actual, tomaría décadas completar los procesos pendientes en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), lo que revela la urgencia de fortalecer capacidades y mejorar la gestión pública.
Otro obstáculo identificado es la situación del catastro nacional, donde persisten superposiciones de áreas y falta de ordenamiento, afectando el avance de la exploración y el desarrollo de nuevos proyectos mineros.
IPE pide una estrategia integral contra la minería ilegal
Frente a este escenario, Gallardo planteó la necesidad de una estrategia integral para enfrentar la minería ilegal, superando el foco limitado que, a su juicio, ha concentrado el debate en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
“El debate se ha centrado demasiado en el Reinfo, cuando es solo un aspecto del problema. Venimos discutiéndolo hace años, pero no hablamos lo suficiente de trazabilidad, interdicción, alternativas de desarrollo o coordinación interinstitucional”, sostuvo.
En esa línea, señaló que la respuesta del Estado debe incluir acciones permanentes y articuladas de interdicción, mayor trabajo de inteligencia, procesos de formalización con plazos estrictos y fiscalización efectiva, además de una política de trazabilidad integral del oro en toda la cadena de suministro.
Asimismo, remarcó la importancia de fortalecer la coordinación entre instituciones, impulsar la cooperación transfronteriza y asegurar una presencia efectiva del Estado en los territorios afectados, con capacidad para desalojar invasores y restituir concesiones comprometidas por esta actividad ilegal.
Destrabar la cartera minera para impulsar el crecimiento
El gerente general del IPE enfatizó que reactivar la cartera minera resulta clave no solo para el sector, sino también para el crecimiento de la economía peruana en su conjunto. Según estimaciones del instituto, el desarrollo total de los proyectos podría generar un impulso económico equivalente a dos veces el Producto Bruto Interno (PBI) en un horizonte de 15 años.
Gallardo subrayó que cuando un proyecto minero no avanza, el costo no recae únicamente en una empresa o una región, sino en todo el país, debido a su efecto sobre el empleo, la recaudación fiscal, la actividad de otros sectores y la reducción de la pobreza.
“El impacto no es solo para el sector minero. Se dinamizan otros sectores, se genera empleo, mayor recaudación y se contribuye a reducir la pobreza. Cuando un proyecto no avanza, no es solo un problema de la empresa o de una región, es una oportunidad que pierde el país”, concluyó.
Fuente Reporte Minero